–Tres investigaciones disciplinarias contra servidores y exservidores públicos de la Unidad Nacional de Protección, UNP, abrió la Procuraduría General de la Nación por los presuntos casos de corrupción denunciados por el director de la misma entidad, Augusto Rodríguez Ballesteros, y por los medios de comunicación.

Según informó el organismo de control, la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, DNIE, por designación especial de la Procuradora Margarita Cabello Blanco, inició de oficio la indagación previa de forma inmediata al conocerse los hechos y practicó inspección disciplinaria en la sede de la UNP donde un equipo técnico y jurídico recopiló la documentación necesaria que permitió individualizar a los presuntos autores y esclarecer los hechos.

La primera investigación tiene que ver con el caso de los falsos blindajes de cinco vehículos arrendados por la empresa Neostar Seguridad de Colombia a la UNP con un nivel de blindaje IIIA mediante los contratos 753 y 756 de noviembre de 2018 y que fueron asignados a esquemas de seguridad de líderes sociales y funcionarios públicos.

El hecho es que luego de un año de ejecución se encontró que los blindajes no cumplían los requisitos técnicos exigidos en los contratos como el número de capas, el material de protección balística, blindaje solo en los vidrios o huecos balísticos desprovistos de blindaje.

En consecuencia, por presunto incumplimiento de sus obligaciones en la supervisión técnica y verificación de los tipos de blindajes, se abrió investigación contra el entonces Subdirector de Protección, Ronald Rodriguez Rozo y el Coordinador del Grupo de Vehículos de Protección para la época, Luis Ignacio Acosta González.

En el mismo caso, también se inició investigación contra Elver Oswaldo Franco Cerquera, Jefe Jurídico Encargado -hoy Coordinador del Control Interno Disciplinario- y Mariantonia Orozco Durán, Jefa Jurídica Titular para la época, quienes presuntamente por más de 2 años y 5 meses no impulsaron los procesos de incumplimiento contractual por dichos blindajes falsos, procesos que si bien se iniciaron en enero de 2020, solo fueron decididos hasta noviembre de 2022, donde casi opera la caducidad.

La segunda investigación es sobre la incautación, el 10 de diciembre de 2022 en Totoró, Cauca, de una camioneta con 168 kilos de cacaína. Este vehículo estaba asignado al esquema de seguridad del Exsubdirector de Protección de la UNP, Ronald Rodriguez Rozo.

De los sujetos involucrados se estableció que el único servidor público es el escolta Christiam Ernesto Páez Pinzón, Oficial de Protección de la UNP, quien presuntamente incumplió sus deberes de reportar oportunamente las novedades del esquema, no aceptar descansos dados por el protegido y al parecer su informe es contradictorio con la ubicación reportada por el GPS de la camioneta.

Según la Procuraduría, si bien el conductor detenido Manuel Antonio Castañeda Bernal, así como Ronald Rodríguez Rozo y el otro escolta, no ejercían funciones públicas al momento de los hechos, la DNIE sigue investigando las relaciones de la UNP con el narcotráfico.

La tercera investigación se abrió contra Wilson Javier Devia Pérez, actual Oficial de Protección de la UNP y Presidente de uno de los 19 sindicatos de dicha entidad, quien presuntamente alquila esquemas de seguridad a personas distintas a sus beneficiares y cobra dinero por “meter” vehículos a la UNP “a trabajar”, al parecer, empleando su influencia sobre los escoltas del sindicato y ubicarlos en la mejor zona.

Esta información fue obtenida de la conversación publicada por un medio de comunicación con Manuel Antonio Castañeda Bernal detenido en los hechos del Cauca, quien además habría denunciado días antes tales conductas ante el Director de la UNP.

La Procuraduría destaca que la UNP es una entidad creada en 2011 con aproximadamente 2.000 trabajadores donde casi el 95% corresponden a contratistas, atendiendo a más de 8.000 protegidos, sin un sistema de información, con el 75% de sus servicios de vehículos y escoltas tercerizados y un solo perito balístico forense para verificar el blindaje de todos los vehículos.

La Procuraduría anunció, finalmente, que practicará las pruebas decretadas para verificar las presuntas conductas y vincular a otros servidores implicados, actuando con celeridad y contundencia contra la corrupción.?
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