El derrumbe que se registró esta semana en la vía Panamericana, que conecta el suroccidente del país con el centro de la nación dejó aislado al suroccidentes del país, afectando con grave desabastecimiento al departamento de Nariño.

Según los comerciantes, las pérdidas por el derrumbe ascienden a un billón de pesos colombianos. Según la Cámara de Comercio de Nariño, se podrían perder unos 250.000 litros de leche que son llevados desde este departamento a plantas de procesamiento en el Valle del Cauca.

Los sectores de turismo, transporte y agricultura reportan pérdidas diarias por 250 millones de pesos.
Además de este panorama, los viajeros que se encontraban vacacionando en las fiestas de fin de año quedaron atrapados en ciudades como Cali y no han podido volver a sus sitios de origen.

Los problemas de las vías en esta región del país son estructurales y no han tenido solución durante los últimos gobiernos. El departamento del Cauca sigue azotado por problemas de violencia. Disidentes de las FARC se pelean el control del territorio con otros grupos al margen de la ley, a pesar del Acuerdo de Paz firmado en 2016.

La falta de inversión en infraestructura en la región, además del fuerte invierno que ha azotado al país durante el último año debido al fenómeno meteorológico de “La Niña”, ha propiciado las circunstancias para que las vías del país continúen deteriorándose.

El presidente Petro promete soluciones como la utilización de vías alternas o de un puente aéreo, pero los gobernadores de la región dicen que el cierre de la vía Panamericana podría durar al menos tres meses.

En el Cauca, departamento al suroccidente de Colombia, un derrumbe en la localidad de Rosas dejó unos 700 damnificados, unos cinco caseríos destruidos y un tramo de la vía Panamericana que conecta la región con el resto del país.

El presidente Petro, viajó a la zona junto a miembros de su gabinete presidencial y prometió la compra de una hacienda para reubicar a los damnificados y buscar que tengan un lugar seguro dónde vivir.

En una institución educativa, Petro se reunió con 200 personas que el pasado lunes en la madrugada alcanzaron a escapar de los caseríos de Santa Clara, Párraga Viejo, La Soledad, Chontaduro y La Manguita, que quedaron sepultados.

“Las personas afectadas no pueden volver a vivir ahí y se impone la reubicación de estas familias campesinas, que no solo tenían sus viviendas, sino todo su sustento”, y agregó que “el conteo inicial indicaba que era necesario entregar media hectárea por familia, pero eso no es suficiente para vivir, progresar y educar a los hijos”, y añadió: “Vamos a ubicarlos en un lugar muy concreto, una hacienda de tierras muy fértiles”.

“El Estado compra la hacienda, la Ley 1523 (que creó el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres) nos permite hacerlo en menos de 15 días y esta reubicación puede ser el comienzo de una gran zona campesina que, incluso, nos ayude a aliviar las tensiones del norte del Cauca”, subrayó Petro.