–La Contraloría General de la República alertó este martes que alrededor de 530.000 niños, niñas y adolescentes en el país están iniciando el año escolar sin recibir el servicio del Programa de Alimentación, PAE.

Del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 9 de ellas (Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga) presentan riesgo de incumplimiento, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.

Según el organismo de control, a corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación; Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.

La Contraloría General de la República hizo un llamado de atención a estas 9 ETC, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados más de 124 mil millones de pesos para ejecución del PAE para esta vigencia 2023 en sus territorios.

De igual manera, el organismo de control puso de relieve la situación de la Entidad Territorial Certificada, ETC Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y en 2023 inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo de suspensión del PAE por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.

A este mismo corte, de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio.

La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “el acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”.

La Procuraduría General de la Nación también se pronunció en torno a la ejecución del PAE y precisó que en desarrollo del seguimiento preventivo que realiza al Programa, para la vigencia 2023, estableció que de las 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC) responsables de suministrar el servicio, 60 ya lo iniciaron y en 15 de estas, no se garantizó desde el primer día de clases el complemento alimentario en las instituciones educativas oficiales.

De acuerdo con el informe de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar UAPA, se registran retrasos en los municipios de La Estrella, Valledupar, Quibdó, Lorica, Facatativá, Neiva, Armenia, Santa Marta, Buenaventura, para el inicio de prestación del servicio y puesta en marcha del programa de alimentación escolar.

El ente de control referenció su preocupación por casos como el de Sucre, donde la Gobernación adjudicará el contrato hasta el 15 de marzo de 2023, y situaciones como la de Yopal, entidad territorial que deberá iniciar un nuevo proceso por una declaratoria de desierto que se encontraba en curso.

El Ministerio Público también precisó que, de acuerdo con el informe, en los departamentos de Antioquia, Cauca y Chocó, el inicio del PAE se realizó de manera parcial y en el caso de Caquetá, Córdoba, Guaviare, Sucre y Quindío, no se reportó el inicio de operación para la prestación del servicio, poniendo en riesgo que niños, niñas y adolescentes reciban oportunamente y con calidad, las raciones alimentarias que requieren para garantizar su acceso y permanencia en el sistema escolar.

La Procuraduría General de la Nación señaló que a través de los procuradores territoriales y judiciales, continuará la vigilancia a la prestación del programa de alimentación escolar, recordándole a los alcaldes y gobernadores, que deben cumplir estrictamente con lo señalado en la Directiva 019 de 2022 expedida por el ente de control.