–El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, condenó este lunes los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, cuando doce hombres fuertemente armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, mientras las víctimas se desplazaban en un vehículo particular en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia (Antioquia).

Según Barbosa, los fiscales aseguraron que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona.

Por ello, el Fiscal General anunció que se citará a los funcionarios y autoridades de la policía y fuerzas militares responsables de la seguridad en la zona, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector.

En un comunicado, Barbosa señaló que ante las declaraciones juradas de los fiscales que resultaron afectados por este hecho, se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez alias Gonzalito, máximo cabecilla del clan del golfo en la zona, quien actualmente tiene orden de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura, que pidió el Gobierno, fueran levantadas. Petición a la que no accedió la Fiscalía por no existir ningún marco constitucional para hacerlo.

Agregó que desde el momento que se conocieron los hechos se destacó un equipo de fiscales e investigadores quienes recolectaron evidencia técnica que permitió establecer la presencia del clan del golfo en la zona y se logró que un juez de control de garantías expidiera orden de captura contra alias Gonzalito por el delito de secuestro agravado.

También indicó que frente a estos hechos que afectan la seguridad de los servidores públicos de la Fiscalía en Tarazá, se ha decidido, temporalmente, cerrar la sede de la Fiscalía en ese municipio y trasladar la atención a Medellín, ya que no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar justicia en este municipio.

Finalmente indicó que en Tarazá se ha fortalecido la acción de la Fiscalía en su tarea de llevar justicia a los ciudadanos, a través de acciones de cooperación internacional. Lamentamos que estos hechos sucedieran en ese lugar, uno de los 170 municipios que hace parte del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial PDET, que fueron priorizados por ser los territorios más afectados por el conflicto armado.