Este miércoles el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, anunciaron que, en el marco del cese al fuego bilateral temporal entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, las partes han pactado un protocolo para llevar a cabo un cese al fuego.

Según lo informó el Ministerio de Defensa, el protocolo “contiene las herramientas para su implementación, incluido el establecimiento de un Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos”.

El Gobierno nacional indicó que al igual que en otros ceses al fuego no se suspenderá el ejercicio del Estado y la
Fuerza Pública seguirá ejerciendo sus obligaciones de seguridad y defensa nacional, así como tampoco se suspende, de ninguna manera, el ejercicio pleno de todos los poderes del Estado.

“El Mecanismo tendrá un nivel nacional y un nivel local, que incluirá a delegados del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y un componente internacional. Así mismo contará con el acompañamiento de miembros acreditados de la sociedad civil, la Iglesia Católica y otras expresiones de iglesias” explicó el Gobierno en un comunicado.

Además, señala que “Este Protocolo firmado entre el Gobierno Nacional a través del Alto Comisionado para la Paz y el Estado Mayor Central de las FARC-EP, a través de su jefe de delegación, busca ser un instrumento para el desescalamiento de la confrontación armada y una herramienta de facilitación para el proceso de negociación entre las partes”.

El Protocolo prohíbe el tránsito o permanencia del grupo armado Estado Mayor Central FARC-EP en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía, así como en vías primarias, evitando cualquier afectación a la vida e integridad física de la población civil.

El Gobierno advirtió que la Fuerza Pública seguirá actuando, respetando el cese al fuego bilateral y acatando los compromisos adquiridos en el protocolo suscrito, ejerciendo sus funciones y mandato constitucional, legal y reglamentario sin ninguna excepción en todo el territorio nacional, garantizando la seguridad de todos los colombianos.

Por último destaco que “Este paso permitirá abordar, a la mayor prontitud posible, asuntos propios de las hostilidades a partir del escenario de conversaciones”.