–Según la Procuraduría General de la Nación, una verdadera lluvia de contratos adjudicó en los últimos 3 años la Alcaldía de Neiva por un valor superior a 1,2 billones de pesos, por lo cual emprendió las respetivas investigaciones.

De acuerdo a las diligencias adelantadas por el Ministerio Público, entre enero de 2020 y septiembre de 2022, el municipio celebró 18.913 negocios jurídicos, la mayoría de ellos en la modalidad de contratación directa y, al parecer, no ajustados a las exigencias que rigen la contratación estatal.

Esta situación llevó a que el órgano de control, en sus pesquisas, evidenciara varios riesgos de gestión pública, considerando que 4.338 contratos, por un valor de $ 641 mil millones de pesos, equivalentes al 52,7 del total de recursos del municipio, fueron contratos utilizando normas contractuales que no necesariamente garantizar el cumplimiento de los principios de la contratación pública.

Además, en las tareas cumplidas por la Procuraduría, también se encontraron sorpresas como por ejemplo que Anesmedic, sindicato del gremio de salud, firmó 7 contratos por un costo de $57.949.253.532, siendo de los valores más altos.

Para el ente de control llamó también la atención que a un solo proveedor le firmaran 69 contratos para suministros de servicios informáticos y de mobiliario para distintas entidades como el Hospital Universitario Hernando Moncaleano; la Institución Prestadora de Servicios Integrales de Salud Carmen Emilia Ospina, y Las Ceibas Empresas Públicas De Neiva E.S.P por un valor total de $ 10.114.356.549.

Preocupa a la Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública la firma de 14.235 contratos de manera directa por valor de $426, 8 mil millones, modalidad que de acuerdo a lo preceptuado por la Ley 1150 de 2007 debe ser excepcional.

Ante estos hechos, en ejercicio de sus funciones preventivas, el Ministerio Público recomendó a la administración municipal evaluar el número de trabajadores que se necesiten para prestar sus servicios en la entidad y en caso de requerir más personal adelantar las acciones pertinentes ante las autoridades competentes para el rediseño de la planta demandada.

Por último, la Procuraduría indicó que esta actuación busca anticiparse o mitigar posibles circunstancias que puedan implicar una afectación al ordenamiento jurídico y al patrimonio público.