En el marco de la conmemoración del Día internacional de las Manos Rojas, la Procuraduría General de la Nación manifestó su preocupación ante la persistencia y el aumento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos armados y grupos delincuenciales en el país.

Según el ente de control, se presentó un aumento del 23% en el número de los niños, niñas y adolescentes en programas de protección por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando de 180 niños y niñas desvinculados por grupos al margen de la ley en el año 2021, a 220 beneficiarios en materia de protección durante el 2022.

El Ministerio público alertó que niñas, niños y adolescentes de pueblos étnicos también han sido afectados de manera desproporcionada por estos hechos, registrando según el Registro Único de Víctimas en Colombia, 68 Indígenas y 28 Afrocolombianos entre 2021 y 2022, dando cuenta de la persistencia de la violencia en sus territorios y los impactos de este delito.

Este panorama se agudiza frente a las 220 alertas tempranas que identifican amenazas de reclutamiento forzado emitidas por la Defensoría del Pueblo, siendo Antioquia, Chocó y Cauca los departamentos más afectados.

El ente de control también afirmó que, a pesar de que el Estado colombiano cuenta con una política pública en la materia y oferta institucional para la prevención y promoción de este delito, esta ha sido insuficiente para mitigar el impacto del reclutamiento en territorios donde operan grupos ilegales y estructuras criminales, y donde este hecho se relaciona con otras victimizaciones como el desplazamiento forzado y el confinamiento.

Debido a la persistencia y propagación de esta situación, la Procuraduría General de la Nación hace un llamado a la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales y a las entidades que conforman la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual (CIPRUNNA), a las y los mandatarios en las gobernaciones, los distritos y alcaldías, a que desarrollen estrategias robustas y eficientes de protección y acojan los exhortos y recomendaciones hechas en la Directiva 10 de 2021.