–Pocos días después de que el gobierno nicaragüense retirara la nacionalidad de 94 opositores y ordenara expropiar sus pertenencias, tras ser acusados de “traición a la patria”, las autoridades han empezado a confiscar sus viviendas, reportaron medios locales.

Unas 16 viviendas fueron confiscadas el viernes en un operativo policial que se desplegó en el complejo habitacional “Amazonia”, en Managua, reportó el medio nicaragüense Confidencial.

Un apartamento confiscado pertenecía a la periodista Sofía Montenegro y a la activista Azáhalea Solís, del Movimiento Autónomo de Mujeres.

Irlanda Jeréz, una opositora exiliada en Estados Unidos y una de las 94 personas a quienes se le revocó la nacionalidad, dijo a la Voz de América que su casa fue una de las expropiadas.

En el artículo 44 de la Constitución de Nicaragua dice que los bienes inmuebles «pueden ser objeto de expropiación de acuerdo a la ley, previo pago en efectivo de justa indemnización».

Mientras estas acciones comienzan, el temor se replica en otros ciudadanos que tienen propiedades en Managua y que fueron declaradas apátridas por el gobierno de Ortega.

La escritora y poeta Gioconda Belli, quien también se encuentra en la lista de personas apátridas, dijo a la VOA que sospecha que las autoridades allanarán su propiedad.

“Tengo una casa que ha sido el producto de mi trabajo honrado, de mis libros, realmente esa casa es impecable”, indicó la opositora de 73 años.

“Una persona de mi edad que de repente te dicen, ‘te vamos a quitar todos tus bienes’, claro que lo afecta a uno», expresó.

Por su parte la periodista Lucía Pineda Ubau señaló que estas acciones buscan “callar y silenciar” a los periodistas en el exilio y que era algo que se esperaba. “Son unos ladrones. Dios me va a devolver una casa mejor que esa que se están robando. Esa casa a mí me costó, yo la hice”, dijo Ubau.

Hasta el momento su casa en Managua no ha sido tomada por el gobierno.

Con las 94 personas declaradas apátridas la semana pasada ya son 316 los críticos del gobierno de Daniel Ortega a quienes se les canceló su nacionalidad nicaragüense. Las primeras fueron 222 presos políticos expulsados la semana pasada y acogidos por EEUU.

La acción de Ortega de liberar a los presos fue aplaudida por EEUU, la Unión Europea y Chile, sin embargo rápidamente cuestionaron la cancelación de la nacionalidad a los opositores.

El gobierno nicaragüense no respondió a una solicitud de comentario de la Voz de América para este reporte.

Estados Unidos y otros países de la región condenaron que el gobierno de Daniel Ortega retirara la nacionalidad a 94 opositores nicaragüenses señalados como críticos de su gestión.

“Este acto es incompatible con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todos tienen derecho a la nacionalidad, y condenamos la medida del gobierno de Nicaragua de restringir la nacionalidad de otros 94 ciudadanos”, dijo el jueves el vocero del Departamento de Estado Vedant Patel.

El anuncio, hecho por un alto magistrado en Managua, despoja de la nacionalidad, entre otros, al escritor Sergio Ramírez, la poeta Gioconda Belli y Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial e hijo de la expresidenta de Nicaragua Violeta Barrios de Chamorro.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe Inglés (OACNUDH) condenaron «enérgicamente las nuevas violaciones de derechos humanos cometidas por el Estado de Nicaragua».

Ambos organismos dijeron en un comunicado conjunto que las violaciones a derechos fundamentales «se han acelerado de manera alarmante en los últimos días».

También consideran que las resoluciones sin juicio previo empujan a los desterrados «a la muerte civil» y que conlleva profundas consecuencias para ellas y sus familias.

«La criminalización de la labor de estas personas, legítima y necesaria en una sociedad democrática es inaceptable, por lo que llamamos conjuntamente al Estado a revertir urgentemente esta decisión», dice el comunicado.

El gobierno de Colombia se sumó al rechazo de la decisión del gobierno de Ortega, al considerar que vulnera el derecho a la nacionalidad.

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia expresó “su preocupación por la decisión de retirar también la nacionalidad nicaragüense a otros 94 ciudadanos, anunciada por el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción de Managua el 16 de febrero de 2023”.

También lamentó la “iniciativa de Nicaragua de promover en la Asamblea Nacional la reforma de los artículos de la Constitución Política que regulan las condiciones de adquisición, pérdida y recuperación de la nacionalidad” que llevó al retiro de la nacionalidad de los 222 presos políticos liberados la semana pasada.

La canciller chilena Antonia Urrejola dijo que la privación de la nacionalidad de opositores es «ilegal» y contradice a las reglas del derecho internacional. «A las 222 desterradas el 16 de febrero pasado se sumaron otras 94 personas despojadas de su nacionalidad, lo que evidencia una desafección total por los principios y normas básicas del derecho internacional de los derechos humanos», escribió Urrejola en una columna en Radio Cooperativa.

A pesar de las grandes diferencias entre la Administración de los presidentes Joe Biden y Daniel Ortega, Washington ha mantenido una puerta abierta a cualquier conversación, aunque ha criticado insistentemente las violaciones a los derechos humanos y el encarcelamiento de opositores políticos y miembros de la sociedad civil.

“Seguimos firmes y alentando pasos adicionales por parte del gobierno de Nicaragua para restaurar las libertades civiles, especialmente a la luz de su decisión unilateral de liberar a los 222 presos políticos a de la semana pasada. Este movimiento que acabas de describir es un paso en la dirección opuesta”, manifestó el vocero de la diplomacia estadounidense.

La resolución aprobada en Managua se basa en una supuesta “traición a la patria” por parte de los señalados, además de aplicarles sanciones “accesorias” como la imposibilidad de ejercer cargos públicos o de elección popular.(Información VOA).