–Por presuntos actos de corrupción durante la celebración de varios contratos del programa ‘Buen Comienzo’ y Plan de Alimentación Escolar (PAE), un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia a la secretaria de Educación de Medellín, Martha Alexandra Agudelo Ruiz, quien, tras la decisión judicial, renunció al cargo.

También a la exdirectora de los programas ‘Buen Comienzo’ y el PAE, Lina María Gil Zapata; y al representante legal de la Corporación Colombia Avanza, Henry Paulison Gómez Montoya.

La Fiscalía les imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, tentativa de peculado por apropiación en favor de terceros, interés indebido en la celebración de contratos y contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales.

El proceso está relacionado con posibles irregularidades detectadas en dos contratos que ascendieron en valor a los 27.000 millones de pesos, y cuyo objeto era garantizar la atención educativa y alimentaria de niños y niñas de 0 a 5 años, y para proveer mercados a madres gestantes y/o lactantes de Medellín.

Según la investigación realizada por un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública, con el apoyo de la DIJIN de la Policía Nacional, las servidoras no habrían cumplido con los requisitos objetivos de transparencia, economía e imparcialidad para suscribir con Gómez Montoya los mencionados convenios. La Fiscalía estableció que habrían cambiado la modalidad de contratación para favorecer a Colombia Avanza, conscientes de que la empresa carecía de idoneidad y experiencia.

El primero de los contratos se firmó en marzo de 2020, por un valor inicial superior a los 16.000 millones de pesos. Luego recibió una adición por 4.731 millones de pesos.

En las verificaciones se conoció que la corporación Colombia Avanza obtuvo entre los oferentes la calificación más baja por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en cuanto a la capacidad financiera. En ese sentido, solo podía celebrar contratos por un valor máximo de 720 millones de pesos; sin embargo, le fue asignado uno por encima de los 20.000 millones de pesos.

De igual manera, se determinó que mientras se ejecutaba el primero de los convenios, Agudelo Ruiz y Gil Zapata, al parecer, le entregaron a Colombia Avanza otro contrato por más de 7.000 millones de pesos.

Este último convenio se firmó como parte de la urgencia manifiesta declarada por la Alcaldía de Medellín para atender la emergencia alimentaria derivada por la pandemia del COVID-19. Aquí se encontró que el contratista no contaba con una bodega de gran tamaño para almacenar los productos; sin embargo, la administración municipal, sin ninguna contraprestación, presuntamente le prestó una para que cumpliera sus obligaciones contractuales.

En este contrato también quedaron en evidencia posibles sobrecostos en la adquisición de algunos alimentos por 830 millones de pesos. Asimismo, existiría un detrimento patrimonial por una cuantía de 126 millones de pesos, que correspondería a la supuesta distribución de 220.578 kits alimentarios, los cuales ya estaban contemplados en el contrato inicial.

El juez de control de garantías se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Henry Paulison Gómez Montoya. Esta última decisión que beneficia al representante legal de Colombia Avanza fue apelada por la Fiscalía.