–Serias falencias en la dotación instrumental de los cuerpos de bomberos que no corresponde con los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, así como omisión o discontinuidad en la garantía de la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias, son algunas de las deficiencias que encontró la Procuraduría General de la Nación en este vital servicios en la mayoría de municipios del país.

La Procuraduría General de la Nación, como parte de la vigilancia preventiva y control de gestión del riesgo, identificó también insuficiente capacidad para atender a los damnificados producto de la temporada de lluvias, el Fenómeno de la Niña, incendios forestales y estructurales, y los movimientos en masa en los municipios y distritos.

De acuerdo con el estudio se encontraron debilidades en la reglamentación frente a las condiciones de contratación entre alcaldías y cuerpos de bomberos para garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias. Estas debilidades se traducen en la falta de parámetros que establezcan las condiciones mínimas de tiempo, recursos y capacidades que deben ofrecer las partes para la prestación del servicio.

Adicionalmente, la Procuraduría encontró la suscripción de contratos o convenios parciales para garantizar la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias. De acuerdo al estudio, cerca del 30 % de los municipios no tienen contrato o convenio vigente con un cuerpo de bomberos para la prestación de este servicio y más del 30 % lo hicieron en una temporalidad menor a los nueve meses del año.

Otro de los puntos a destacar es la falta de financiación en la prestación del servicio de bomberos por parte de las alcaldías nivel nacional. La Procuraduría identificó que cerca del 62 % de los municipios que contratan este servicio esencial, lo hacen por valores inferiores a los $ 100 millones, lo cual, en la mayoría de los casos analizados, no alcanza a cubrir los pagos labores mínimos de las unidades bomberiles que deben estar disponibles para la atención de las emergencias.

El análisis encontró que no hay criterios claros y definidos en la ley que le permitan a los alcaldes determinar cuál es el valor de prestación del servicio. Si bien los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo de cada municipio varían frente a sus condiciones sociales y geográficas, según el estudio realizado, se evidencian municipios de condiciones similares con contratos y convenios muy dispares frente a los valores contratados, debido a la generalidad y lo abstracto de la Ley 1575 de 2012.

Asimismo, la Procuraduría encontró disparidad entre los escenarios de riesgo potenciales en las entidades territoriales y las capacidades instrumentales y operativas de los cuerpos de bomberos. Las capacidades de respuesta y la dotación instrumental de los cuerpos de bomberos en un gran número de casos, no corresponde con los estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgo. Esto implica que no existe una especialización y una capacidad de respuesta optima frente a la materialización del riesgo en las entidades territoriales.

Finalmente, el estudio realizado por el ente de control sobre la actividad bomberil en el país identificó la prestación de la gestión del riesgo contra incendios y atención de emergencias de algunos cuerpos de bomberos en distintos municipios sin capacidad operativa y sin subestaciones para atender emergencias de manera simultánea y oportuna.

Por último, la Procuraduría hizo un llamado a la Dirección Nacional de Bomberos a ponerse al día en la reglamentación y expedición de los certificados de cumplimiento establecidos en la Ley 1575 de 2012, que garanticen la idoneidad del servicio por parte de los cuerpos de bomberos.