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Fiscal General denuncia “mico” para excarcelar narcos y rechaza despenalización de la inasistencia alimentaria y del incesto

–En el marco de una audiencia pública en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre el proyecto que busca modernizar la política criminal y humanizar el sistema penitenciario, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, formuló nuevos y duros reparos a la iniciativa del Gobierno Nacional,y entre otras cosas, denunció la existencia de un “mico” que, afirmó, le permitiría a los narcotráficantes salir de las cárceles.

“Juguemos limpio, pongamos el debate aquí”, expresó Barbosa al advertir que si lo que se quiere es darle amnistía al narcotráfico en Colombia, pues que se diga, pero “no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.

Esto lo dijo al referirse al artículo octavo del proyecto, que modifica el 63, que establece, “un beneficio de suspensión de ejecución de pena a todos aquellos pequeños cultivadores, a lo cual estoy de acuerdo, porque es un desarrollo del acuerdo de La Habana”.

Pero subrayó “no podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes (…) Los artículos que aparecen ahí, uno tiene que ver con narcotráfico y otro con insumos que se requieren. Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo ejecución de pena de narcotraficantes”, puntualizó.

“Tenemos una reflexión sobre el tipo penal de terrorismo y concierto para delinquir. También tenemos una observación sobre una disposición que consideramos en la Fiscalía, una manera de beneficiar a narcotraficantes en este proyecto”, complementó.

Sobre el tema de la droga denunció que “no hay erradicación, no hay incautación, no hay destrucción de laboratorios y tenemos 356 órdenes de captura sin ejecutar contra los homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos, y de familiares de los reincorporados”.

“Va en contra de lo que dijo el Presidente que estaba establecido y que había que atacar el tema de puertos de cocaína, contrabando e interdicción. ¿Qué respuesta nos dieron? Qué pena, la incautación en el mar y la interdicción no podía hacerse porque había tormenta tropical”.

Advirtió que las cifras de incautación de clorhidrato de cocaína “cayó en Colombia; teníamos 30 toneladas mensuales, estamos en 8; laboratorios destruidos teníamos un promedio de 300, tenemos 53. En Barranquilla no hay incautación, ese es el festival de la cocaína”.

“Al Presidente le sigo creyendo y sigo creyendo en la idea institucional de que no quieren hacer negociaciones políticas con narcos, así negamos levantamientos de órdenes de captura con fines de extradición, porque el Estado de Derecho habla a través de sus instituciones”.

“El programa o el beneficio de los pequeños cultivadores se tiene que referir exclusivamente a las disposiciones que están ahí, pero no se puede referir al gran narcotráfico”, afirmó.

Se refirió a las solicitudes de levantamiento de órdenes de captura contra los cabecillas del Eln y señaló que las firmó por considerar “que la paz es un valor fundamental y que es una decisión del Presidente de la República hacer o crear esos mecanismos de carácter político con esas organizaciones”.

En su intervención el Fiscal Barbosa admitió que el proyecto del Gobierno “es bien intencionado y tiene elementos interesantes”, destacan la justicia restaurativa.

Sin embargo notificó “lo que no se puede hacer es abrirle huecos al sistema jurídico colombiano con posibles despenalizaciones, tenemos reflexiones como por ejemplo el tipo penal de terrorismo y concierto para delinquir”.

Al respecto señaló un listado de 4 disposiciones “que consideramos no deben ser despenalizadas”.

Ellos son: inasistencia alimentaria, incesto, injuria y calumnia.

Tras citarlos advirtió: “Esto no es Noruega, esto no es Finlandia. Conducta que se despenaliza, conducta que se normaliza. Colombia es un país en donde nos encontramos en una situación de desprotección”.

Frente a estos cuestionamientos del Fiscal, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, haciendo uso del derecho de réplica, respondió, en primera instancia, que el propósito del proyecto contempla “una excarcelación masiva” y añadió: “Tiene que ver con políticas de justicia restaurativa, es decir, de modalidades de reparación a las víctimas y también tiene un propósito de resocialización”.

Además indicó que para combatir el narcotráfico el Gobiermo del Cambio dejará de perseguir a los dos extremos más débiles: campesinos cultivadores de coca y consumidores. El Estado enfocará su estrategia punitiva en contra de los narcos, los lavadores de activos y mafiosos.

“Aunque en el proyecto hay una salvaguarda suficientemente clara sobre la suspensión de la ejecución de la pena a campesinos que han derivado su subsistencia en la hoja de coca, se justifica incluir las salvaguardas necesarias para que no se vaya a colar ningún narcotraficante”, puntualizó.

“A mi modo de ver es claro: ahí no caben los narcos. (…) Queremos descriminalizar a los campesinos pobres, a los que el Estado no les ha dado otras oportunidades y vincularlos a la vida legal”, advirtió el ministro.

De otro lado, el ministro de Justicia se refirió a la despenalización de los delitos que expuso el Fiscal.

“La penalización de la inasistencia alimentaria no es una respuesta adecuada, porque crea un problema que es el proceso penal y la cárcel. Los hijos de estas personas no están recibiendo la cuota alimentaria y además enfrentan el estigma de tener un padre privado de la libertad”, precisó.

“Sobre el incesto he argumentado en varios escenarios que es una conducta tabú, profundamente inmoral, pero no necesariamente tiene que ser un delito”, afirmó.

Además indicó que el enorme volumen de denuncias por injuria y calumnia corresponde a conciliaciones o desistimientos y muy pocas condenas.

“Acudir a un proceso judicial no es un uso adecuado ni estratégico del derecho penal. Ese esfuerzo se puede enfocar en delitos más complejos”, añadió.