-“Creo necesario que el Gobierno suspenda todo tipo de conversación o negociación con narcotraficantes”, aseguró este lunes en rueda de prensa el presidente del Senado Roy Barreras por considerar que las intermediaciones le han hecho daño al noble propósito del presidente Gustavo Petro de la Paz Total y son innecesarias.

“Aprobemos la ley de sometimiento y que se acojan a ella”, puntualizó Barreras, en declaraciones que concedió en rueda de prensa al salir en defensa del jefe del Estado frente al escandalo suscitado alrededor de su hijo Nicolás y su hermano Juan Fernando Petro.

“Debemos blindar el cambio, al Presidente, al Congreso, a las altas Cortes y a la institucionalidad toda”, sostuvo Barreras, quien añadió:

“El país no puede girar alrededor de los escándalos, debemos concentrarnos en sacar adelante de manera responsable las reformas sociales que reclaman las y los colombianos”.

E insistió: “Hay que blindar la institucionalidad encarnada en el Jefe del Estado que ejerce una Presidencia legítima ganada democráticamente en las urnas. Blindar el cambio que se materializa aprobando las reformas sociales. Blindar la Fuerza Pública que NO puede ser humillada ni reemplazada”.

Barreras dijo que ofende la legitimidad del estado de derecho, y la pone en duda, las versiones alrededor de conversaciones, diálogos, o negociaciones ilegales o clandestinas, con jefes del narcotráfico… Para que se vinculen a la Paz Total.

Por ello, le solicitó al gobierno nacional que “suspenda todo tipo de diálogos, oficiales o extraoficiales, con los narcotraficantes, que no son necesarios, y hacen daño al noble propósito de la paz total. Hay una Ley de Sometimiento de la Justicia en trámite. Una vez que el Congreso apruebe esa Ley, los narcotraficantes podrán someterme a la justicia y desarticular sus bandas, como espera Colombia y como ellos mismos podrían reencaminarse a la sociedad y salvar de hecho a sus familias”, expresó.

Aseguró que desde la presidencia de senado y la oficina jurídica se trabaja, desde hace meses, en unas propuestas que han hecho respetuosamente al gobierno, autor de estas iniciativas, y que van a ser defendidas en el debate, en el sentido de que los narcotraficantes y grupos criminales se someten a la justicia ordinaria y no a forma alguna de justicia transicional.

Explicó que la acción punitiva será responsabilidad directa del despacho del Fiscal General de la Nación.

Los beneficios que sean otorgados por los jueces de la república, conforme al cumplimiento de la ley que se apruebe, implican una ejecución de la pena; esto incluye penas efectivas, no menores a 10 años y hasta de 20 años, que pueden ser redimibles, pero que se activan en el momento que incumplan su propósito y reincidan en el delito.
Que se faciliten y se fortalezcan los intercambios de información y programas de cooperación internacional, que permitan junto con el accionar de la fuerza publica este sometimiento a la justicia.

“Con los narcotraficantes y grupos criminales no se negocia, se les ofrece una salida en aras de la Paz Total y esa salida es la ley de desmantelamiento de las organizaciones criminales, en la justicia penal ordinaria dirigida por la Fiscalía General de la Nación”, puntualizó.

De otro lado, se refirió a la situación presentada en los últimos días en Caquetá, en el que una muchedumbre irrumpió en una empresa petrolera y luego arremetió contra la fuerza pública.

“Fue una humillación para ésta, se humilló el estado de derecho y a las instituciones. El secuestro de esos miembros de la fuerza pública, aunque haya durado algunas horas, implica el sometimiento de la legitimidad a una fuerza ilegal que no tiene respaldo constitucional alguno”, advirtió Barreras.

Añadió que este gobierno tiene la responsabilidad y simboliza además las instituciones

“Nosotros, en esta ola de dificultades, de manera clara y firme pedimos a la ciudadanía y a los partidos políticos, incluida la oposición y particularmente los partidos de gobierno, el respaldo total a la institucionalidad, empezando por el respaldo al jefe de estado”, precisó.

Además señaló que es pertinente que el gobierno, a través de sus voceros oficiales, “descalifiquen de manera clara cualquier uso de la justicia por mano propia, para salvar la protesta social pacífica”.

Finalmente indicó: “El reclamo popular, justo y necesario, se resuelve con cambios profundos, que son precisamente las reformas sociales. Nosotros invitamos a todos los partidos de la coalición de gobierno, y haremos un trabajo activo con ese fin, para que se aprueben dichas reformas… A la salud, pensional, laboral”.