–Ataques, con el uso indiscriminado de misiles y armas artesanales, como tatucos, cilindros y minas para expulsar a las autoridades de la zona, que tuvieron como efecto cientos de muertos y heridos de la población civil, la afectación de viviendas, escuelas, plazas públicas y sitios sagrados, son, entre otras, las atrocidades cometidas por las Farc en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, por las cuales la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, imputó este miércoles crímenes de guerra y de lesa humanidad a 10 exintegrantes de las llamadas columnas móviles Jacobo Arenas y Gabriel Galvis.

A ello se suman la violencia sexual y las afectaciones a la población con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas, según la descripción que hace la Sala de Reconocimiento de la JEP en su providencia de los hechos y el horror que vivieron los pobladores de 17 municipios de esos dos departamentos del occidente colombiano.

Estas operaciones se concentraron en los municipios de Toribío, Caldono, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Pradera y Florida y tuvieron el objetivo estratégico de consolidar el control territorial y social para asegurar la movilidad hacia el Pacífico y la comunicación con otros departamentos, como Tolima y Huila. La mayor afectación para la población civil se generó con el lanzamiento indiscriminado de artefactos explosivos no convencionales denominados ‘tatucos’ a las cabeceras municipales, que perjudicaron a los pobladores y a los bienes civiles protegidos por el DIH.

Los enjuiciados por estos crímenes son Diego Ardila Merchán, José Gregorio Lasso Céspedes, Efrén Núñez Pulido, Remigio Valero Ríos y Gloria Ramírez Basto, quienes hicieron parte de la comandancia de la columna móvil Gabriel Galvis; así como Reinel Natalio García Mujica, Braulio Vásquez Fonseca, James Castro Jaramillo, Heriberto Reina Suaza y José Antonio Muñoz, quienes formaron parte de la comandancia de la columna móvil Jacobo Arenas.

Ante la JEP estos sujetos reconocieron la existencia de una política en la extinta guerrilla de asesinar a personas de la población civil señaladas de ser informantes, colaboradores, enemigos o líderes contrarios a esa organización.

Desapariciones forzadas de civiles considerados informantes, colaboradores o enemigos de las Farc-EP. Se presentó la desaparición de personas señaladas de ser informantes, de personas acusadas de ser paramilitares o delincuentes. Los informes presentados por las víctimas dan cuenta de numerosos hechos de desapariciones ocurridos en los 17 municipios.

Entre 2011 y 2012 se produjo un aumento del desplazamiento forzado de cerca de 4.000 víctimas, principalmente en los municipios de Suárez, Miranda, Caloto y Toribío.

Los comparecientes reconocieron que ingresaban e instalaban campamentos en los territorios de resguardos, y consejos comunitarios sin autorización de las autoridades étnicas, lo cual implicó la ocupación armada de sus territorios ancestrales y colectivos, utilizándolos como base de operaciones, campos de entrenamiento, centros de reclutamiento y más adelante como fuente de financiación, a través del cobro de lo que denominaban ‘impuestos’ por el narcotráfico y la minería ilegal.

Se presentaron numerosas acciones que afectaron a profesores que no compartían la ideología de las Farc-EP y los fiscales y jueces de la región -declarados ´objetivos militares´- fueron remplazados por un sistema de ‘justicia paralela’. Asimismo, las crecientes extorsiones afectaron profundamente las economías locales legales, causándole profundas afectaciones a la población.

Utilización, reclutamiento o alistamiento de niñas y niños de las comunidades de la región. Las Farc utilizaron el reclutamiento como una estrategia político-militar, para lo cual “promovieron, ejecutaron o permitieron el reclutamiento y utilización” de niñas y niños. La mayoría de los ingresados eran indígenas o afrocolombianos. Los comparecientes reconocieron el asesinato de una niña indígena nasa del resguardo San Juan Páez, quien ingresó a los 14 años y fue ejecutada luego de ser señalada de ser informante.

Utilización de minas antipersonal. En el año 2003, por ejemplo, la columna móvil Gabriel Galvis minó la zona del páramo del sur del Valle del Cauca (que es un lugar sagrado de la comunidad), la parte alta de la finca Los Alpes, los alrededores del resguardo y partes de este. La mayoría de estos sitios hasta la fecha no se han podido visitar porque continúan minados.

Ejecuciones sin todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables de miembros de las Farc-EP. Se realizaron consejos de guerra y ‘ajusticiamientos’ en los que miembros de esa organización fueron fusilados por atribuírseles la realización de conductas en contra del reglamento.

Existió confinamiento de las comunidades indígenas y afrodescendientes que habitan en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, cuya movilidad fue restringida temporal y territorialmente por los grupos armados.

Asimismo, realizaron cobros por la realización de actividades como la venta de coca y marihuana, y la minería ilegal, obteniendo cuantiosos recursos derivados de actividades que afectaron profundamente los ecosistemas de la región.

Muchos jóvenes de los pueblos étnicos fueron asesinados en consejos de guerra sin ninguna consideración a su edad ni mucho menos a su origen. En conclusión, el éxito del plan del Comando Conjunto de Occidente exigía el sometimiento de los pueblos indígenas y afrocolombianos para los fines de la organización y ello, por supuesto, desconoce su autonomía y autodeterminación. Otra de las prácticas documentadas por la JEP es que esa guerrilla se encaminó a incrementar sus milicias para desestabilizar los tejidos sociales, fracturar las urdimbres comunitarias y obstaculizar los procesos organizativos propios.

En el plano comunitario, una de las peores afectaciones del conflicto se presentó por la calificación de la región como ´zona roja´, situación que la condenó a la pobreza al existir enormes dificultades para realizar actividades económicas lícitas. Esto incluso seguía a sus habitantes a donde fueran, pues los empresarios de otras ciudades estigmatizaban a sus habitantes por considerar que podían tener algún vínculo con los grupos armados.

La Sala de Reconocimiento llama la atención que comparecientes que estuvieron privados de la libertad por delitos menores, como la rebelión o el porte ilegal de armas, han reconocido en sus versiones ante la JEP crímenes mucho más graves, como su participación en tomas a municipios, reclutamientos de niños y niñas, utilización de minas antipersonal y asesinatos, por los cuales nunca fueron investigados, lo cual demuestra que ni siquiera estando a disposición de la justicia sus crímenes fueron investigados. Por eso, se valoriza la aplicación de un sistema de justicia transicional como el implementado por la JEP.

De acuerdo con el auto, estas falencias “implican un fracaso del sistema penitenciario y una burla a la justicia ordinaria que simplemente veía cómo muchos miembros de las Farc-EP entraban y salían de la cárcel sin ningún efecto preventivo especial”. Esta situación generó un grado de impunidad sistemático frente a los crímenes cometidos por los miembros de la extinta guerrilla y fueron muy pocas las sentencias que se profirieron en contra de sus integrantes por estos hechos en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca.

Los 17 municipios que hacen parte del Caso 05 abarcan las regiones con mayor porcentaje de población perteneciente a pueblos étnicos y raciales en Colombia que han sufrido un impacto especial por el conflicto armado, debido a que la zona concentra a todos los actores armados y tiene una ubicación estratégica como corredor para el narcotráfico y otras actividades ilícitas.

Allí existen 10 pueblos indígenas que han habitado estos territorios desde hace muchos siglos y han sobrevivido a través de la resistencia pacífica y la defensa de sus valores tradicionales: Nasa, Misak, Kokonuco, Yanakona, Kisgo, Ambaló, Inga, Eperara Siapidara y Totoró. Estos pueblos crearon el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca (ORIVAC) y la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

Asimismo, en la zona existen consejos comunitarios que constituyen la forma organizativa propia de las comunidades afrodescendientes. En el Cauca los consejos comunitarios que están en la zona priorizada se reúnen en la Asociación de Consejos Comunitarios del Norte del Cauca (ACONC) y están organizados en microcuencas: Alto Cauca, Cauca Medio, Río Palo-La Quebrada, Cauca Plano, Río Desbaratado-La Paila. Asimismo, se encuentran acreditados en caso consejos comunitarios de los municipios de Florida, Pradera, Palmira y Jamundí, en el Valle del Cauca.

En el Caso 05 también se encuentran acreditadas comunidades campesinas del norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca, las cuales han sufrido numerosas afectaciones por el conflicto armado.