–La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, advirtió que la reforma pensional radicada por el Gobierno Nacional en el Congreso tendrá un gran impacto fiscal y pondrá en juego no solo la sostenibilidad del sistema, sino también la de las finanzas públicas.

Según Anif, de ser aprobada la reforma tal y como está planteada, el alto pasivo pensional, que de por sí hoy alcanza una cifra cercana a 110% del PIB1, se duplicaría y llegaría a representar 249% del PIB.

“De esa manera, se daría un fuerte golpe al ahorro, la sostenibilidad fiscal y se pondría en alto riesgo la posibilidad de pagar las pensiones futuras”, precisa la Asociación de Instituciones financieras en un análisis sobre el impacto fiscal de las medidas propuestas.

Al respecto, Anif hace las siguientes precisiones:

Es inevitable una reforma pensional que garantice la solución de los problemas estructurales que hoy presenta el sistema. En términos de cobertura, tan solo una de cada cinco personas en edad de pensionarse logra tener un ingreso en la edad de retiro, cifra que se reduce casi a cero para las personas de menores ingresos. Situación que es compleja de solucionar si se tiene en cuenta que gran parte del problema está ligado a la estructura del mercado laboral.

Puntualmente, el monto mínimo para cotizar a pensión es sobre el SMLV, ingresos que menos de la mitad de la población ocupada obtiene.

Otro punto que requiere de una solución definitiva es la equidad del sistema. En la actualidad, uno de los mayores gastos públicos, que supera los $79 billones de pesos (un poco más de 5 puntos del PIB), es el que se destina a financiar laspensiones del RPM. Sin embargo, y como ya se ha mencionado en ocasiones anteriores, además de ser un gasto público elevado, es ineficiente pues se destina a financiar la pensión de tan solo 2.5 millones de pensionados (1.6 millones a través de Colpensiones y cerca de 900 mil a través de los regímenes especiales y de excepción) que pertenecen a ingresos medios y altos, dejando por fuera a la población de menores ingresos. Debido al diseño y estructura propia del RPM, las pensiones son altamente subsidiadas y el subsidio es mayor en las pensiones más altas, es decir, es un subsidio regresivo. Este factor es el principal generador de desigualdad e inequidad en el sistema actual que sigue sin reconocerse en la propuesta de reforma.

Adicionalmente, el envejecimiento de la población y el aumento de la expectativa de vida, sumado a los altos subsidios que carga el RPM, generan una fuerte presión fiscal.

Para atender la inequidad del sistema y garantizar el acceso a una mesada durante la vejez, el sistema de pilares del proyecto de Ley propone un pilar solidario y un pilar semicontributivo que, como ya se explicó, partirían de la entrega de un monto mensual correspondiente a la línea de pobreza, en el primer pilar, más la suma de lo ahorrado por la persona en el segundo pilar.

Ahora, la propuesta del gobierno busca atacar el problema de la mala focalización de los subsidios a través del pilar contributivo de Colpensiones, en el que se cotizaría el ahorro correspondiente a los ingresos percibidos hasta por los primeros 3 SMLV.

Sin embargo, este umbral es muy alto si se tiene en cuenta que el 88% de los trabajadores están reunidos bajo el tope propuesto. Es decir, que se seguirá acumulando deuda para pagar los subsidios que, en la nueva estructura, seguirán mal focalizados y se seguirán convirtiendo en mayores impuestos para las futuras generaciones.

Además de eso, quienes se vean obligados a cambiarse del Régimen Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS) al RPM verán reducida su oportunidad de pensionarse, en tanto deberán cumplir con las 1.300 semanas cotizadas para empezar a recibir su mesada. Situación que en el caso de permanecer en el RAIS podría darse desde las 1.150 semanas de cotización, punto clave para las personas de menores ingresos.

En este sentido, y teniendo en cuenta que el camino que se ha decidido seguir es el de un sistema de pilares, la única forma de hacerlo de una forma sostenible y de manera coherente con las finanzas públicas es poniendo un tope de máximo 1 SMLV al pilar contributivo, como lo proponemos en ANIF. De esa forma se lograría acotar los subsidios y focalizarlos en la población que realmente los necesita, además de disminuir la deuda futura.

Según nuestros cálculos, de fijar el tope en 1 SMLV, la deuda se reduciría de 130.7% del PIB en valor presente, que es lo que costaría actualmente con el tope en 3 SMLV, a 52.6% del PIB en valor presente.

Además de eso, la reforma ha perdido la oportunidad de hacer los ajustes necesarios que requiere el sistema en términos de los parámetros que lo estructuran. Si el fin de la reforma estuviera orientado a reducir los subsidios hubiera sido fundamental el cambio en la tasa de reemplazo, que es una de las más altas del mundo y pone presión sobre el monto de la mesada otorgada y por ende sobre el subsidio.

Uno de los varios ejemplos de los parámetros que requieren de ajustes.

Ahora bien, en el artículo 23 del borrador de la reforma se ha hablado de la creación de un fondo de ahorro del pilar contributivo del cual no hay claridad en cuanto al manejo de los recursos. El fondo de ahorro estará a cargo de Colpensiones a través de un patrimonio autónomo el cual podrá invertir de manera deliberada. Al promulgarse la norma, el Gobierno tendrá la potestad de definir los demás parámetros. En este punto es importante mencionar que, se debe dar una clara señal de que se ahorrará la totalidad del flujo que va a entrar. Para ello, es importante mejorar el gobierno corporativo de Colpensiones, pues este no puede depender del gobierno de turno.

Conclusiones

Como se ha mostrado en el documento, únicamente el primer peldaño del pilar contributivo que establece que los ahorros correspondientes a los 3 primeros SMLV, es un costo superior al pasivo pensional actual, pues desconoce el problema de los altos subsidios implícitos del RPM y su mala focalización.

El costo fiscal de un sistema de pilares diseñado con los umbrales contenidos en la propuesta de reforma que, según nuestros cálculos alcanzaría una cifra entre 230 y 249% del PIB a 2070, lo tendrán que pagar las futuras generaciones.

Así incluyamos el pilar solidario amplio, que desde ANIF hemos venido proponiendo desde el 2021 y que beneficiaría a la población más vulnerable, el componente más costoso es el pilar contributivo que, además de aumentar significativamente el pasivo pensional, no tendría efectos en cobertura ni equidad, pues, al no tener en cuenta la realidad del mercado laboral, donde más de la mitad de los trabajadores ganan menos de 1 SMLV, sigue excluyendo a las personas de la protección social.

Otro punto fundamental que se debe resaltar es que el ahorro es fundamental e incluso, si utilizamos el ahorro de las cotizaciones adicionales que se espera con la nueva reforma para cubrir las mesadas pensionales, el déficit se duplica, demostrando que la propuesta de reforma es insostenible en el tiempo.

La necesidad de tramitar una reforma pensional es indiscutible y desde ANIF lo hemos señalado en repetidas ocasiones. Las limitaciones del sistema actual, en términos de cobertura, equidad y sostenibilidad, ponen premura al trámite de una reforma estructural.

No obstante, el proyecto de ley dista de ser un avance hacia una solución de largo plazo y, por el contrario, empeora la situación.

Siendo así, por medio de este proyecto de ley se restringiría de manera importante el ahorro del país que de por sí ya es bastante bajo con respecto a otros países y se estaría poniendo en vilo el pago de las pensiones en el futuro.