–Proceso de responsabilidad fiscal por presunto incumplimiento de contrato e intermediación innecesaria entre la Imprenta Departamental del Valle del Cauca – IMPRETIC´S – y la Unión Temporal Windetec, abrió la Contraloría General de la República. El alcalde de Cali fue vinculado a la investigación como presunto responsable fiscal, junto con el Secretario de Seguridad y Justicia, Supervisor del contrato, Gerente General de IMPRETIC´S y miembros de la Unión Temporal.

La Unidad de Investigaciones Especiales de Lucha contra la Corrupción de la CGR encontró irregularidades en un convenio interadministrativo suscrito para el mantenimiento preventivo y correctivo de cámaras de vigilancia de la policía de Cali, en la ejecución del contrato y la entrega de las cámaras. En este caso se encontró un presunto detrimento patrimonial por un monto de $1.854.603.749.

Por este caso quedaron vinculados como presuntos responsables fiscales el Alcalde de Cali, el Secretario de Seguridad y Justicia, el Supervisor del contrato, el Gerente General de IMPRETIC´S y los miembros de la Unión Temporal. Se ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y bienes inmuebles, y adicionalmente se compulsaron copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Fiscalía General de la Nación.

“Desde que llegué a ocupar el cargo de Contralor General de la Republica he tenido como meta lograr una recuperación mayor de los dineros que se pierden por causa de la corrupción y los malos manejos. Hoy quiero decirle a Cali, mi ciudad, que mi compromiso con devolverle a la ciudadanía la fe en las instituciones, sigue intacto. En el caso de EMCALI, las investigaciones que he venido realizando con mi equipo nos permiten hoy anunciar la apertura de procesos de Responsabilidad Fiscal con medidas cautelares en importantes asuntos, que van mucho más allá de hallazgos fiscales y tocan el patrimonio personal de los implicados, así como en el caso de EMCALI, lo estamos haciendo en todo el país” expresó el jefe del organismo de control, Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

A continuación, los asuntos en cuestión:

1-Contratación para reponer los componentes priorizados de las unidades de clarificación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Puerto Mallarino – Fase I.

Se evidenció el pago de lo no debido con ocasión del Contrato de Obra No. 300-AO-1215-2021 por una cuantía aproximada de presunto daño patrimonial equivalente a $176.621.004. Los implicados en este caso son el Gerente de Área de Abastecimiento Empresarial, el Ingeniero de Proyectos y varios contratistas miembros del consorcio “ASECAF Clarificación Puerto Mallarino”. El Auto de apertura del proceso cuenta con medidas cautelares de embargo a 21 cuentas bancarias.

2-Proceso de Responsabilidad Fiscal – Línea de Aducción Planta de Tratamiento de Agua Potable – PTAP Rio Cali (Barrio San Antonio).

Se acordó, junto al Ministerio de Vivienda, aunar esfuerzos para apoyar la ejecución de las obras e interventoría del proyecto denominado “Construcción nueva línea de aducción PTAR San Antonio” y establecer las condiciones para hacer efectivo el apoyo financiero de la Nación al municipio de Santiago de Cali.

El valor del anticipo no fue amortizado, se tienen obras inconclusas y la cuantía del presunto daño patrimonial es de $14.107.087.377. En este proceso los implicados incluyen al Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de EMCALI y a las empresas contratistas. Se decretaron medidas cautelares para los contratistas y gerentes de EMCALI. Así mismo se embargaron 45 cuentas bancarias y 12 inmuebles a estas personas. La Contraloría General de la Republica compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

3-Proceso de Responsabilidad Fiscal – Atención integral de las actividades derivadas de la prestación de los servicios públicos domiciliarios, no domiciliarios y sus actividades complementarias e inherentes.

Subcontratación sin previo aval de EMCALI pese a que el contrato señalaba en una de sus cláusulas que esto no estaba permitido. En este caso la cuantía aproximada del presunto daño patrimonial es por $2.418.754.017. En cuanto a los implicados, sobresalen el Gerente de Área Funcional y Gestión al Cliente de EMCALI, y las empresas contratistas. Igualmente se compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación.

“Y si bien es cierto que a la fecha se han evidenciado presuntos detrimentos patrimoniales en EMCALI que ameritan abrir Procesos de Responsabilidad Fiscal, también es importante precisar que se han archivado tres indagaciones preliminares sobre asuntos puestos en conocimiento de la Contraloría General, ya que dentro de las investigaciones adelantadas no se encontraron hechos que generaran daño al patrimonio público; con esto quiero resaltar la rigurosidad técnica con la que se trabaja en la Entidad.” , resaltó el Contralor Rodríguez Becerra.

También declaró el Impacto Nacional de investigación por el contrato para la compra de ventiladores mecánicos por parte de la Gobernación del Valle, durante la epidemia del Covid-19, pues no se entregaron los cuatrocientos ventiladores que fueron comprados sino únicamente cuarenta y nueve (49). Por incumplimiento del contrato la aseguradora pagó el siniestro del anticipo del mismo, sin embargo, no cubrió todos los pagos realizados, lo cual generó un presunto detrimento patrimonial de $1.200.000.000.

“En mi administración vamos a trabajar por recuperar los recursos que no están invertidos adecuadamente, a través de herramientas más eficientes, como el levantamiento del velo corporativo y la aplicación de medidas cautelares cada vez que tengamos suficiente evidencia del presunto daño y se abra un proceso de responsabilidad fiscal. El caso de EMCALI y de IMPRETIC´S debe sentar un precedente con los embargos efectuados y medidas que nos permitan proteger los recursos públicos” concluyó el contralor.