–Un juez de control de garantías envió a la cárcel a dos suboficiales del Ejército Nacional capturados y judicializados por la Fiscalía acusados de robar armas, munición, uniformes y otros elementos de los batallones y fuertes militares para venderlas a bandas criminales.

Se trata de los sargentos Edison Steven Rodríguez Lancheros y Jorge Alberto Angulo Lozano, quienes, según la investigación, al parecer, se valieron de su posición y cargos para obtener de manera irregular material de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y ponerlo a disposición de particulares.

En particular el sargento Rodríguez Lancheros, mientras se desempeñó como bodeguero en una sede militar de Medellín, Antioquia, entre 2021 y 2022, habría desviado armas y munición para fusil de manera sistemática.

Para evitar ser descubierto, presuntamente, modificó los documentos de inventario y alteró las cantidades de material que eran despachadas a las distintas unidades.

La Fiscalía indicó que conoció un caso en el que el uniformado extrajo una ametralladora M249 y la reemplazó por una réplica inservible para intentar subsanar la ausencia del arma.

A finales de 2022, este mismo suboficial fue trasladado a un batallón en Chocó, donde hay indicios de que continuó con la actividad ilegal hasta el día de su captura, en un inmueble de Medellín.

En las diligencias los investigadores del CTI y del Gaula Militar encontraron 300 cartuchos para fusil, vainillas de proyectiles percutidos, uniformes y un casco del Ejército Nacional.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado, utilización ilegal de uniformes e insignias; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

El otro suboficial, el sargento Angulo Lozano, en su condición de almacenista de un batallón de apoyo y servicio del Ejército Nacional en Medellín, también es señalado de contribuir a la desviación de armamento y munición para fusil, y la adulteración de los inventarios para tratar de ocultar la salida de estos elementos a manos de terceras personas.

La Fiscalía destacó que en una inspección realizada al almacén a cargo de este funcionario, se constató un faltante de 28 mil cartuchos calibre 5.56. Posterior a esta situación, el uniformado, presuntamente, logró su traslado en enero de este año al Fuerte Militar de Tolemaida, Tolima, donde posiblemente continuó con los actos ilegales.

A este suboficial la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.

Los dos procesados no aceptaron los cargos, pero deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario.