–Los partidos de oposición Cambio Radical y Centro Democrático radicaron este miércoles una ponencia negativa al proyecto de Reforma a la Salud del Gobierno por considerar que busca “destruir y refundar” el sistema de salud que funciona desde hace 30 años.

La ponencia fue presentada por los representantes Juan Felipe Corzo Álvarez, de Cambio Radical y Betsy Judith Pérez Arango, de Centro Democrático y concluye pidiendo archivar en primer debate eL Proyecto de Ley número 339 de 2020 Cámara, acumulado con los proyectos de ley 340, 341 y 344 de 2023 Cámara “por medio del cual se reforma el sistema de salud y se dictan otras
disposiciones”.

Según los congresistas, los llamados de la oposición no han sido acogidos. Por esto presentamos la ponencia negativa”.

Advierten que la reforma de Petro “no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud. Al fraccionar los niveles de atención, y sin un responsable de la gestión integral de riesgo en salud y financiero, es de esperarse que los dos problemas se agudicen”.

Además afirman que el proyecto de ley presentado por el Gobierno Nacional y, posteriormente modificado, incurre tanto en vicios de procedimiento como de fondo.

En el documento radicado, los ponentes hacen las siguientes precisiones sobre el proyecto gubernamental:

• El proyecto no resuelve las quejas planteadas de forma reiterada por los usuarios y pacientes de oportunidad en las atenciones, ni se ocupa de los problemas de sostenibilidad financiera del Sistema de Salud. Al fraccionar los niveles de atención, y sin un responsable de la gestión integral de riesgo en salud y financiero, es de esperarse que los dos problemas
se agudicen.

• Se mantiene la propuesta inicial del Ministerio de Salud de eliminar el modelo de aseguramiento, constituir un pagador de naturaleza pública universal, eliminar las EPS y fragmentar la prestación y los recursos en distintos fondos nacionales y territoriales. La naturaleza de fondos cuenta no cambia el planteamiento ni el riesgo de burocratización: el Fosyga era un fondo cuenta con más de 400 empleados.

• La figura de Gestoras no soluciona el problema estructural del proyecto del Ministerio de Salud. No hay un agente con las capacidades de hacer una gestión integral del riesgo en salud y del riesgo financiero, con lo que los resultados en salud del país en el mediano, plazo, la sostenibilidad del sistema y los avances en equidad incluido el bajo gasto de bolsillo está seriamente comprometidos de aprobarse.

• La ponencia no elaboró un análisis riguroso e integral de los proyectos presentados para acumulación. Si bien se adicionan algunos artículos de otras iniciativas, esto no responde a un ejercicio conceptual de construir un articulado armónico, técnico y concertado que tenga en cuenta las distintas dimensiones que deben integrarse para el funcionamiento armonioso de un sistema de salud.

• La transición propuesta no es viable ni en tiempos ni en recursos. Preocupan los cerca de 100 mil empleos que se pueden perder, y la continuidad y financiación de las atenciones a los 8 millones de colombianos con enfermedades crónicas y de alto costo.

• Triple integración vertical: el Estado define la política, la regula, define tarifas, se contrata, presta los servicios, se audita, se paga y se vigila. El MinSalud asume funciones operativas, Agencias como la Adres asumen competencias regulatorias, lo que es un retroceso en
diseño institucional.

• Se elimina la libre elección del asegurador. Al crear un monopolio estatal se elimina la posibilidad de que los afiliados elijan su asegurador. La escogencia de un médico tratante o de un centro de servicios es una concepción limitada de este derecho.

GESTIÓN FINANCIERA

1. La ADRES no cuenta con capacidad para asumir las nuevas funciones. Persiste la preocupación alrededor de las capacidades de la ADRES para asumir las diferentes funciones que le son encomendadas. El ejemplo más reciente de las nuevas funciones frente a los cobros por atenciones del SOAT son claro ejemplo de ellos.

2. No se abordan ni solucionan los problemas de sostenibilidad financiera del sector, por el contrario, al desaparecer quien hace la gestión del riesgo habrá mayor presión del gasto.

La ponencia no hace mención ni contiene disposición alguna que atienda los graves problemas de sostenibilidad financiera que atraviesa el sector.

3. No se incluyen nuevas fuentes de financiación ni contempla mecanismos que permitan una mejor gestión del gasto. Se podría considerar la creación de nuevos impuestos saludables como: bebidas azucaradas, vapeadores, tabaco, licores, juegos novedosos en línea y consumo recreativo de marihuana, entre otros.

4. No es claro el impacto fiscal de la reforma. Persisten preocupaciones frente al costo fiscal de la propuesta. No hay claridad de cómo se financiarán las nuevas infraestructuras, los equipos extramurales, el plan nacional de equipamientos, las becas, los sistemas de información y la formalización de los trabajadores. Pero más aún, los riesgos contingentes
de pasarse a un modelo de oferta que en la comparación internacional demandaría 3 o hasta 5 veces más recursos que los que hoy financian el sistema.

5. No es claro quien asumirá el riesgo financiero.

6. Se introducen en la reforma incentivos perversos. El proyecto de ley introduce incentivos perversos en al menos 3 dimensiones: i) vincula el pago de las Gestoras a la facturación de la prestación de los servicios, ii) dispone un pago anticipado del 80% a toda factura que se genere, iii) acude a los recursos públicos para financiar deudas privadas con la red hospitalaria.

7. Proliferación de fondos sin articulación clara de recursos y fragmentación del manejo del riesgo. Es claro que se aumentará la burocracia en la ADRES, sin contar con la falta de experiencia, tecnología e infraestructura que se requiere para que el Fondo Cuenta Regional realice sus funciones. A manera de ejemplo el Fosyga era un Fondo Cuenta con cerca de 400 trabajadores. Esta figura no minimiza el riesgo de burocratización. La fragmentación financiera a través de distintos fondos y cuentas, entorpece y dificulta la gestión operativa y administrativa, al tiempo que dificulta el logro de los objetivos perseguidos por el sistema.

8. Se desfinancian los niveles superiores de complejidad generando riesgo a los afiliados en relación con el acceso y continuidad de tratamientos. La ponencia reduce $11 billones anuales para servicios de salud, pues señala que el 87% de los recursos de SGP deberán destinarse a la atención primaria, reorientando recursos que hoy se utilizan en el aseguramiento. Estas inversiones no necesariamente suponen servicios de salud. Se desfinancian los niveles superiores de complejidad al no tener fuentes nuevas de financiación y dedicar parte importante del presupuesto a financiar la oferta del primer nivel.

9. No es clara la forma en que se pagará a las Gestoras de Salud y Vida. No hay claridad sobre la base de liquidación de “hasta el 5%” que recibirán las Gestoras por administración.

El proyecto menciona que se calculara a partir de la UPC y esta figura no está contemplada.

10. Fragmenta la gestión del riesgo en salud. Se resalta la pérdida de la gestión del riesgo en salud de las gestoras, al plantear una gestión desde un enfoque territorial y un abandono de la gestión de grupos poblacionales que realizan actualmente las EPS, esto generará una mayor fragmentación de la atención y dificultad para la “navegación” de pacientes a lo largo
del sistema.

11. Mayor presión de gasto sin nuevas fuentes de recursos. Se establece que cualquier persona nacional o extranjera sin restricción alguna puede solicitar servicios en cualquier IPS y esta se encuentra obligada a prestarlos. Este hecho genera un riesgo para la sostenibilidad del sistema y los efectos sobre la oportunidad en las atenciones y la pérdida de control y uso racional de los servicios de salud.

12. Monitoreo y evaluación del gasto en salud pública. El gasto en salud pública territorial
asciende a cerca de $1,5 billones anuales sin que se cuenten con mecanismos de seguimiento y evaluación que den cuenta de la pertinencia, eficiencia, y eficacia del uso de los recursos; mucho menos resultados en salud.

RÉGIMEN DE TRANSICIÓN

1. Las EPS no pueden transformarse en Gestoras dado que su objeto social es totalmente diferente. Las EPS no pueden transformarse en Gestoras en la medida en que su objeto social cambia de manera radical. No es un cambio formal en el papel, pues la estructura 8 de salud, financiera, humana, operativa y legal son incompatibles. Preocupan los cerca de 100 mil empleos que se puedan perder durante la transición.

2. Se plantea como solución para el flujo de recursos a las IPS el giro directo sin atender consideraciones de orden operativo y capacidad de la ADRES y de razonabilidad de la medida. Centralizar en la ADRES el pago a todos los prestadores podría generar una carga desbordada que afecte de forma sistémica todo el Sistema de Salud. Además, no resuelve el problema de sostenibilidad financiera del sistema.

3. Las EPS deberán hacer un esfuerzo operativo y financiero para ajustar su operación a los territorios durante la transición. Durante el periodo de transición la ponencia impone procesos de territorialización en los cuales las EPS deben entregarles y recibir de otras EPS
población en determinadas regiones, generando traumatismos en materia de organización de red, continuidad de servicios, modelos de atención y esfuerzos financieros, sin contar con los efectos nocivos para la población que es trasladada. También obliga a las EPS a entregar a sus afiliados y subrogar los contratos con la red, tema operativamente complejo que puede desbordar las capacidades de gestión de los entes territoriales con graves consecuencias para los afiliados.