–El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, presentó ante el Senado estatal un polémico proyecto de ley para endurecer las políticas migratorias y entre otras cosas, prohibiría expresamente a los gobiernos locales y condales destinar fondos para aquellas personas que no puedan acreditar un estatus legal en Estados Unidos.

También requeriría que los hospitales recolectaran información sobre el estatus migratorio de los pacientes a los que atienden para luego entregar estos datos trimestralmente al departamento de salud estatal, según el documento al que tuvo acceso la Voz de América.

El punto de este proyecto de ley, denominado SB 1718, que ha causado más indignación entre la comunidad migrante es el que señala que se castigaría penalmente a quienes transporten a personas indocumentadas o convivan con ellas siendo conscientes de que tienen un estatus irregular. Esa ley contempla esto como una felonía de tercer grado, punible con prisión.

“Se proporcionarán sanciones penales para las personas que a sabiendas y deliberadamente violen, o que razonablemente deberían saber y que violen, ciertas disposiciones relacionadas con el transporte hacia o dentro de este estado, o la ocultación, el encubrimiento o la protección contra la detección, o el intento de detección, de personas que ingresaron ilegalmente a los Estados Unidos”, señala el documento sobre ese aspecto.

Es por eso que muchas organizaciones proinmigrantes en Florida han estado protestando en los últimos días para expresar su rechazo a este proyecto de ley que, según dicen, “criminalizaría a la comunidad migrante” y “a las familias donde hay varios miembros sin documentación legal”.

María Bilbao, coordinadora de American Friends Service, una organización que ayuda a los migrantes en el sur de la Florida, lamenta ante la VOA que “este proyecto de ley no tiene ni pies ni cabeza”, pero recuerda que tanto la Cámara de Representantes como el Senado estatales son de mayoría republicana, por lo que tendrían el respaldo suficiente para que esta legislación prospere.

“Esto no es algo en contra de las personas indocumentadas, esto es algo en contra de una persona que es residente legal o es ciudadana estadounidense”, afirma haciendo referencia al castigo que obtendrían las personas residentes o ciudadanas estadounidenses que estén con un indocumentado.

Y es que, según denuncian, con esta ley en marcha, si las autoridades descubren en su mismo vehículo a una persona indocumentada podría ser acusada de cargos por una felonía de tercer grado y podría enfrentar hasta 15 años de prisión.

Es decir, que esta ley no solo criminalizaría a los indocumentados en Florida, sino también a los ciudadanos estadounidenses ya que estar con alguien sin papeles se castigaría de la misma manera que los que poseen drogas o roban vehículos en el estado.

“Esto sería un delito grave, de 5 a 15 años de cárcel, para una persona que estuviera manejando con una persona indocumentada o que tuviera a una persona indocumentada en su casa, en su iglesia o su centro comunitario”, explica Felipe Sosa, director ejecutivo de Hope Community Center, quien vivió durante 15 años indocumentado en Estados Unidos.

Berta Sales, una activista indocumentada, ha estado saliendo a la calle en los últimos días para protestar contra esta ley. “Ron DeSantis no tiene el poder de deportar a nadie porque no es el gobierno federal, pero sí que tiene el poder de encarcelar a ciudadanos y residentes por el simple hecho de tener viviendo en su casa a un indocumentado o por transportarlo”, dice.

La mujer, que lleva más de 20 años sin documentos legales en Estados Unidos, se pregunta “qué van a hacer esos padres de familia que tienen que llevar a sus hijos indocumentados a la escuela” al tiempo que denuncia que “esto es un ataque directo a la comunidad migrante”.

Sonia Moreno, otra activista indocumentada, se tapó la boca con cinta adhesiva y se ató las manos para ejemplificar, según dice, el impacto que tendría esta medida entre la población.

“No nos vamos a callar, nos quieren quitar la voz, nos quieren atar de pies y manos. Es más, nos quieren llevar a todos presos y aquí todos somos inmigrantes”, decía Moreno durante una protesta organizada para expresar el rechazo a esta política.

El gobernador de Florida, a pesar de las críticas suscitadas por estos grupos a favor de la migración, subraya que está utilizando el amparo legal para impulsar este tipo de medidas. “Florida está utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestros ciudadanos de las políticas de fronteras abiertas de (Joe) Biden”, escribió el gobernador a través de su cuenta de Twitter.

DeSantis asegura que este tipo de políticas buscan reducir el tráfico ilegal de personas por organizaciones criminales, a pesar de que en el proyecto de ley no incluye ninguna excepción para, por ejemplo, organizaciones no gubernamentales que ayudan a la comunidad migrante.

Ya al inicio de la legislatura estatal, que tuvo lugar hace poco más de un mes, DeSantis aseguró que la cuestión migratoria sería uno de los aspectos más importantes que abordaría a partir de ahora. (Información Voz de América).