La Fiscalía General de la Nación radicó solicitud de audiencia de imputación en contra del gobernador de Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas; y la exgobernadora del departamento, Amparo Arbeláez Escalante, por su presunta responsabilidad en varias irregularidades detectadas en la donación de un bien público a una entidad privada. 

Los hechos investigados ocurrieron en 2007. La señora Arbeláez Escalante, en su rol de mandataria, tramitó una ordenanza ante la Asamblea Departamental que le permitía transferir bienes y celebró un contrato de cesión gratuita de un predio de más de 19.529 metros cuadrados con la Asociación Abrazar, representada en su momento por el actual gobernador. 

El inmueble, ubicado en Calarcá (Quindío), superaba en valor los 12.100 millones de pesos, y habría sido entregado sin costo alguno a la organización particular para que pusiera en funcionamiento sus instalaciones.  

Con estas actuaciones, al parecer, se vulneraron varias normas de orden constitucional y legal. Asimismo, hay elementos de prueba que dan cuenta de posibles inconsistencias en la documentación y requisitos presentados ante la Oficina de Instrumentos Públicos de Calarcá que, presuntamente, indujeron en error a los funcionarios que protocolizaron la tradición del predio. 

En ese sentido, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al gobernador y a la exgobernadora los delitos de: prevaricato por acción, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, fraude procesal y peculado por apropiación. 

La diligencia se realizará en la fecha que fije el Tribunal Superior de Bogotá.