En el marco de la jornada de intervención que  adelanta la Superintendencia Nacional de Salud en la Alta Guajira durante esta  semana, se realizaron auditorías focalizadas a seis hospitales de la región que fueron priorizados por su alta incidencia en casos tanto de desnutrición aguda y  severa en niños menores de cinco años como de mortalidad materna. 

Se trata de la IPS indígena Palaima, ubicada en el municipio de Uribia; el hospital  Armando Pabón López y la IPS indígena Kottushi SAO ANA, en Manaure; la  Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales de La Guajira y el Hospital San  José, de Maicao; y, por último, la IPS indígena Anenu-Jia, en Riohacha. 

«De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, hoy se reportan 27 fallecimientos de menores por desnutrición durante el 2023, es una situación inaceptable y tenemos que implementar acciones inmediatas para frenarla. Nos debe preocupar y doler lo que está pasando en La Guajira», dijo Ulahí Beltrán López, Superintendente Nacional de Salud. 

De forma previa a estas auditorías que se llevarán a cabo hasta hoy, la Supersalud realizó un trabajo de inspección y vigilancia que permitió conocer los riesgos que generan alertas ante esta problemática de salud pública en esta zona del país. 

En el listado de fallas de los actores en este territorio se encuentran: deficiencias en planeación y ejecución de brigadas y búsqueda activa comunitaria por insuficiencia de equipos extramurales; no se realiza seguimiento a las cohortes de niños y niñas, así como a las mujeres en edad fértil, fallas en la valoración nutricional de los menores de cinco años que ingresan a la IPS y baja adherencia a las guías de práctica clínica y a los lineamientos para manejo de la desnutrición y la morbilidad materna. 

Componentes como la gestión del riesgo individual, la prestación de los servicios de  salud, la atención al usuario y otros de carácter administrativo y financiero, también  harán parte de las auditorías que realizará la Superintendencia.  

Finalmente, cada una de las IPS auditadas deberán formular acciones y fechas  concretas para su ejecución, que permitan avanzar en el cumplimiento del plan de  aceleración para la reducción de la mortalidad materna establecido por el Gobierno  Nacional.

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«Tenemos dos objetivos misionales trazados que hoy nos tienen aquí desarrollando esta jornada de intervención al territorio; uno, es la defensa del derecho a la salud de los usuarios, en especial la de estas comunidades tan vulnerables, y segundo, la protección de los recursos públicos que garanticen el goce efectivo de ese derecho», recalcó el Superintendente. 

Desde el 2022 y hasta la fecha se han reportado 684 casos por desnutrición en menores de cinco años en el departamento, de los cuales 407 son niños y 277 niñas.