La subsecretaria general de Asuntos Humanitarios de la ONU, Joyce Msuya, terminó una visita por Colombia con la esperanza de que, a pesar de años de degradación de la situación humanitaria en el país, el nuevo Gobierno tiene una “completa voluntad política” y puede ser capaz de atajar la situación.

La Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) lleva años reportando cómo la crisis humanitaria en Colombia va empeorando año a año, con mayores números de desplazamiento y confinamiento y un conflicto armado que se ha vuelto más complejo.

Sin embargo, la coordinadora adjunta de Ayuda de Emergencia de la ONU, que llegó de visita a Colombia el martes pasado, es optimista, entre otras razones, porque considera que hay “una oportunidad muy real con un Gobierno que tiene la voluntad política para hacer algunos cambios”.

Ya no solo por las políticas de “paz total” que ha emprendido el presidente, Gustavo Petro, sino porque muchos miembros del Gobierno vienen de comunidades golpeadas por la violencia.

ALARMA POR CONFINAMIENTO

La subsecretaria se ha reunido con actores humanitarios y con el Gobierno y ha visitado en estos días zonas remotas del Chocó, una de las zonas del Pacífico con más impacto del conflicto, y confiesa que “fue desgarrador ver el completo sufrimiento -y he viajado por todo el mundo- de las familias, de las mujeres, de los niños que están rodeados de conflicto”.

Esto ha expuesto en los primeros tres meses de 2023 a más de 16.500 personas en toda Colombia a un completo aislamiento: “no pueden ir a pescar, no pueden cultivar, los niños no pueden jugar o no pueden buscar agua porque les da miedo que les secuestren; están confinados”, explica Msuya.

La tanzana se muestra conmovida por las historias que ha escuchado sobre profesores asesinados, la falta de salud, niñas de 13 años convirtiéndose en madres y sobre las comunidades indígenas tratando de mantener su cultura y sus tradiciones en medio de este clima, en una zona donde la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo mantienen una guerra por el control territorial.

Y a pesar de todo la “resiliencia” que muestran las mujeres de estas comunidades que han sufrido violencia de género, pero que quieren sacar adelante sus vidas y a sus familias con emprendimientos, convencidas de “conseguir una vida mejor para sus hijas”.

UNA “CRISIS PROFUNDA Y PROLONGADA”

“Para mí fue un momento de esperanza”, asegura la representante de la ONU, que dice que de alguna forma, viniendo de África, se sintió “en casa”, a pesar de la distancia y de las diferencias.

Sin embargo, a Colombia le atraviesa una crisis “muy profunda” y “prolongada”, que crea “círculos viciosos”, como el hecho de que los niños son reclutados en una situación de crisis humanitaria “exacerbada” que causa tal desesperación que acaba empujando a los niños a integrar los grupos armados.

“Una mujer me contó que en una comunidad un niño mató a la madre de una amiga suya porque la madre no quería que el hijo se uniera al grupo armado”, ejemplificó, del grado de perversión que llega en algún momento el conflicto armado en Colombia.

ESPERANZA DESDE EL ÚLTIMO AÑO

“Así que es complejo y a veces pasa por alto porque hay demasiadas crisis”, dice la representante de la OCHA, que aún así ve esperanza, sobre todo desde el último año, tras la llegada del nuevo Gobierno que tiene “una total voluntad política de atajar la crisis humanitaria”.

Hay “un reconocimiento de que la paz es un fundamento sólido para aliviar la crisis humanitaria” entre el nuevo Gobierno de Petro, subraya Msuya, quien también considera que el Ejecutivo sabe de la “escala abrumadora” de este reto, que es “complejo” y con muchas capas.

“Va a ser un camino largo que tiene que involucrar esfuerzos colectivos”, dice Msuya, que alega que la ONU está “completamente comprometida”, así como el Equipo Humanitario País, compuesto por agencias de la ONU y casi un centenar de ONG internacionales y locales.

Por eso con esta visita pretende poder traer más atención internacional a un país, Colombia, donde hay 7,7 millones de personas con necesidades y con una crisis que está infrafinanciada. EFE