Los cultivadores de palma de aceite en Colombia denunciaron el martes un incremento en las extorsiones por parte de grupos armados ilegales y un deterioro de la seguridad que se vio reflejado en el secuestro de uno de sus afiliados, en momentos en que el sector apunta a niveles récord de producción.

Colombia es el cuarto productor mundial de aceite de palma -detrás de Indonesia, Malasia y Tailandia- y el primero en América Latina, con unas 596.000 hectáreas cultivadas.

El sector proyecta una producción récord de 1,8 millones de toneladas de aceite de palma este año, superior en un 2,3% a la del 2022 cuando creció un 1,26%, dijo Nicolás Pérez, presidente de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite, Fedepalma.

La mejor cosecha estaría explicada por una combinación del favorable clima, la fertilización de las palmas y una mayor inversión en los cultivos.

No obstante, el directivo resaltó como la única preocupación del gremio el aumento de la inseguridad.

«Desafortunadamente sí ha habido un deterioro en la seguridad en todas las zonas palmeras», dijo Pérez en una entrevista telefónica. «Están extorsionando palmicultores pequeños, transportadores, empleados de las empresas, realmente es una situación que no se veía hace muchos años».

En Colombia existen unos 5.200 palmicultores de pequeña escala.

«El tema de extorsiones ha sido más delicado porque, aunque no es la única explicación, hay un fenómeno del problema del mercado de la pasta de coca que ha estado muy quieto y los grupos armados ilegales al no tener los ingresos de los negocios ilícitos se han volcado a buscar financiación en los mercados lícitos», agregó Pérez.

Pérez recordó que un palmicultor se encuentra secuestrado hace cerca de 30 días.

«A usted le compran el fruto en la medida en que se pueda llevar a la extractora, que el aceite crudo se pueda transportar a las refinadoras, pero si se nos afecta por bloqueos o por temas de inseguridad cualquier eslabón de la cadena», señaló Pérez, en vísperas de la realización del congreso anual del sector.

«Los principales perjudicados serán los cultivadores que no tendrán cómo vender su producto y articularlo con nuestra cadena de procesamiento y comercialización», concluyó.