— Por irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato de prestación de servicios de internet rural que superó el billón de pesos, la Procuraduría General de la Nación sancionó a tres exfuncionarios del MinTIC, y a dos contratistas.

El contrato suscrito con la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020 por $1.072.552.301.475, tiene como objetivo conectar a internet a más de 7 mil comunidades rurales.

Los exfuncionarios afectados con la decisión disciplinaria de primera instancia son la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria General del MinTIC y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.

Asimismo, los contratistas sancionados fueron, el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados 2020, Luis Fernando Duque Torres; y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.

La exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez, fue destituida e inhabilitada por el término de nueve años y un mes, por no verificar de manera diligente, antes de dar su aprobación, las garantías de cumplimiento del contrato que la UT Centros Poblados presentó de forma extemporánea, y que resultaron falsas. El ente de control calificó su falta como gravísima a título de culpa gravísima por desatención elemental.

Por su parte, el exdirector de Infraestructura del MinTIC y estructurador de la licitación, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, fue suspendido nueve meses por permitir que se modificaran, sin sustento, las recomendaciones del consultor TELBROAD-PROFIT, relacionadas con reducir el requisito del indicador patrimonial habilitante a los proponentes de la licitación del 18% del presupuesto oficial al 10% del presupuesto de las regiones a adjudicar. Su falta fue calificada como gravísima a título de culpa grave.

El Ministerio Público también suspendió por cinco meses a la exsecretaria General del MinTIC y delegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra, por incluir una cláusula con la figura del amigable componedor en el pliego de condiciones de la licitación, sin haber sido avalada por el Comité de Conciliación de la entidad, con lo cual cometió una falta gravísima a título de culpa grave.

Por incurrir en el delito de falsedad en documento privado al firmar y utilizar ante el MinTIC las garantías de cumplimiento del contrato, a sabiendas de que habían sido falsificadas, el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados Colombia 2020, Luis Fernando Duque Torres, fue multado con 90 Salarios Mínimos Legales Vigentes (SMLV) para la época de los hechos e inhabilitado para ejercer empleo o función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este por el término de 15 años, y su falta fue calificada como gravísima a título de dolo.

Finalmente, Paola Andrea Izquierdo Rivera, exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, quien ejerció la interventoría del cuestionado contrato, fue multada con 50 SMLV e inhabilitada para ejercer empleo público, función pública, prestar servicios a cargo del Estado o contratar con este durante 11 años, por omitir la verificación y validación del cumplimiento de requisitos para la realización del primer Comité Fiduciario en el que se autorizó la utilización y pago del anticipo por valor superior a 70 mil millones de pesos, conducta con la cual cometió una falta gravísima a título de culpa grave.

Teniendo en cuenta que Jiménez Santofimio y Meza Consuegra no son servidores públicos actualmente, las sanciones que les fueron impuestas se convertirán en salarios mínimos de acuerdo con el monto de lo devengado al momento de cometerse la falta.

La Procuraduría agregó que remitirá copias de este fallo a la Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Agencia Nacional de Contratación a fin de que adelanten las actuaciones conforme a sus competencias.

Los recursos de apelación interpuestos por las defensas de los cinco disciplinados contra el fallo de primera instancia fueron concedidos por el Ministerio Público, y serán resueltos por la Sala Ordinaria de Juzgamiento.