La concejal Marisol Gómez denunció que los retrasos en la entrega de estas obras obedecen a una cadena de errores, entre los que mencionó diseños deficientes, constructores poco cualificados, interventores que no hacen su trabajo y una actitud permisiva del IDU con los contratistas incumplidos.

La concejala puso como ejemplo dos de las obras por valorización más críticas: el puente peatonal de la carrera 9a con calle 112, y las aceras de las calles 73, 79B y 85, en Chapinero. Ambos contratos fueron adjudicados en 2020, pero su ejecución no va ni por la mitad. En el primer caso, el IDU declaró la caducidad por incapacidad del constructor y, en el segundo, podría haber una sanción similar. Ninguna de las dos obras estará concluida este año y será necesario abrir nuevas licitaciones.  

Respecto al puente peatonal, Gómez explicó que los problemas comenzaron con los diseños, contratados a la firma HMV Consultoría. “Tenían deficiencias que generaron retrasos de seis meses en la ejecución. No tuvieron en cuenta, por ejemplo, que algunas redes de energía interferían con los pilares del puente”. Según la concejala, nadie detectó estas fallas: ni la interventoría de los diseños, a cargo de CB Ingenieros; ni el constructor, que tuvo dos meses para revisarlos y plantear objeciones.

El segundo error –a juicio de Gómez– fue haber adjudicado la obra a empresas sin experiencia, insolventes y con antecedentes de incumplimientos. Según los documentos aportados por las cuatro firmas que conformaron inicialmente el consorcio adjudicatario, solo de una ellas –Infraestructura y Vías– había construido un puente peatonal, y fue hace casi 30 años, en Bucaramanga.  “Esto le bastó para ganarse el contrato, ya que los pliegos tipo de Colombia Compra Eficiente no exigían más requisitos”, criticó con la concejal.

Además, detrás de Infraestructura y Vías estaría Santiago Sánchez Vesga, un constructor santandereano que desde 2018 ha tenido multas y sanciones por obras como el recinto ferial de Arauca, un elefante blanco que tuvo retrasos y sobrecostos. Según Gómez, esta firma pudo licitar con el Distrito porque la empresa que concursó fue creada en 2019 y no figuraba a nombre de Sánchez Vesga, sino de su hijo. “Lastimosamente, los pliegos tipo tampoco permiten hoy detectar casos de constructores reencauchados, que cambian su representación legal o crean empresas nuevas para evitar inhabilidades”, advirtió.

Como si fuera poco, este consorcio se quedó sin liquidez para terminar la obra, pese a haber acreditado también la solidez financiera que exigían los pliegos tipo. Por eso tuvo que ceder el contrato en mayo de 2022. Las tres empresas que lo asumieron, entre ellos la firma Civiltech, tampoco cumplieron. Según la resolución del IDU por la que se declaró la caducidad de este contrato, los cesionarios prácticamente abandonaron la obra desde el pasado abril por falta de liquidez. Todo esto ocurrió pese a que la interventoría del proyecto –a cargo del consorcio RJ&P Metro– y el mismo IDU certificaron, al momento de la cesión, la idoneidad de Civiltech para terminar el puente.

En el caso de la segunda obra, las aceras de Chapinero, el proyecto también empezó mal. Los diseños se adjudicaron al Consorcio Espacio Público 2017, conformado por WSP Proyectos y HMV Consultoría; esta última firma, la misma que incumplió con los diseños del puente peatonal de la carrera 9a. Este consorcio los entregó un año tarde e incompletos. El IDU tuvo que pedirle al constructor los ajustes, lo que generó los primeros retrasos de la obra y adiciones.  En este caso, la interventoría de los diseños (a cargo de la Compañía Colombiana de Consultores) tampoco se percató del problema a tiempo.

El contrato para hacer estas aceras se lo ganó Grodco, una firma que ha construido carreteras y puentes por todo el país, pero con poca experiencia en obras urbanas de este tipo. Dicha inexperiencia le generó inconvenientes técnicos y administrativos que fueron retrasando el cronograma. Durante la ejecución, la empresa alegó también problemas de liquidez. Cabe recordar que esta compañía está en proceso de reorganización, figura legal a la que se acogió en 2018 tras quedar al borde la quiebra como consecuencia de un contrato fallido en el mega proyecto de la Ruta del Sol.

Ante los primeros incumplimientos de Grodco, la interventoría informó al IDU y le recomendó iniciar procesos sancionatorios. Sin embargo, el ente distrital hizo caso omiso de las alertas y optó por prorrogarle el contrato a la empresa hasta por 14 meses, para ver si cumplía, algo que finalmente no ocurrió. “Llama la atención que este contrato, que según el portal de contratación SECOP tuvo 30 oferentes, terminó siendo adjudicado a una firma sin experiencia y con problemas financieros”, cuestionó la concejala.

Gómez finalizó haciendo un llamado al IDU para que mejore los procesos que están en sus manos, como la supervisión de los contratos y la imposición de sanciones a los incumplidos. “Hoy tenemos 15 obras por valorización atrasadas que han generado unos sobrecostos de $40.000 millones para el IDU. Sin embargo, solo dos constructores han sido multados y apenas dos interventores tienen procesos abiertos. Hay que aplicar correctivos porque, de lo contrario, volveremos a vivir esta pesadilla”, concluyó.