Actualmente, cursan en el Congreso de la República un par de iniciativas, sin fundamento técnico, que podrían acabar con los zoológicos y acuarios. Se trata del proyecto de ley 207/22, liderado por Paola Holguín y que fue aprobado en primer debate en la Cámara de Representantes la semana pasada, y del proyecto de ley 099/2022s, liderado por Andrea Padilla, que también fue aprobado la semana pasada, pero en el Senado.

Ambas propuestas incluyen disposiciones que han generado rechazo en el sector. El 207/22, de Holguín, establece que los parques para la conservación podrán ser in situ o ex situ, y deberán garantizar los estándares de bienestar animal. Sin embargo, no especifica qué se entiende por parques para la conservación in situ o ex situ, ni cuáles son los estándares de bienestar animal. Tampoco establece quién los regularía y cómo se financiarían.

Por otra parte, y respecto al proyecto de ley 099/2022s, uno de los aspectos que genera más inquietud es que ordenaría a los zoológicos, acuarios y establecimientos similares a obtener una acreditación por parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), como requisito para operar.

Entre otras condiciones, los establecimientos tendrían dos años, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para obtener la acreditación. El Estado decomisaría a los animales de los zoológicos y acuarios que no hayan obtenido la licencia en este plazo y la norma no precisa qué destino tendrían.

Sobre las nuevas disposiciones, Farah Ajami, directora ejecutiva del Zoológico de Barranquilla, uno de los pocos espacios en el país que cuenta con esta acreditación, asegura que, si bien en Colombia es necesario que los zoológicos y acuarios cumplan estándares mínimos de operación, estos deben basarse en criterios técnicos y adaptarse a la realidad nacional, que es muy diferente a la de otros países. Asimismo, debe haber un período de transición razonable para alcanzarlos.

“Estos proyectos de ley van en contra del modelo de sostenibilidad bajo el cual operan los zoológicos y acuarios. Son miles de millones de pesos anuales en gastos e inversiones, que se cubren, en gran medida, con la venta de boletería, y que el Estado no va a suplir, de ser aprobados los proyectos. Los más perjudicados van a ser los animales bajo nuestro cuidado”.

En este sentido, antes de promover cualquier normativa, es necesario que se reconozca la importancia de estos espacios de educación no convencional, de conservación de la biodiversidad y de investigación, y que se generen los incentivos necesarios para garantizar su sostenibilidad y facilitar el cumplimiento de su labor, a través de figuras de financiamiento público, que funcionan efectivamente en otros sectores a nivel nacional y en otros países.

Recordemos que en Colombia existen unas 22 instituciones que, entre privadas, públicas y mixtas operan como zoológicos y acuarios, considerados en conjunto centros de conservación de la biodiversidad, centros de ciencia y museos de colecciones vivas. Son garantes del bienestar animal de las especies bajo su cuidado, la mayoría nativas de nuestro país, algunas endémicas y/o amenazadas, y cuyos ejemplares han sido víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre y no pueden regresar a la naturaleza.

Los zoológicos y acuarios son actores de los ecosistemas de innovación social, educativa, científica y ambiental de los territorios. Sus capacidades les han permitido contribuir activamente en la agenda mundial para afrontar los principales riesgos globales, en su mayoría, relacionados con factores ambientales, como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y el colapso de los ecosistemas, además de convertirse en el sustento de comunidades y promotores del desarrollo local.

En la actualidad, el país no cuenta con estándares para zoológicos y acuarios, pero América Latina sí, a través de la ALPZA. Esta es una asociación privada y, aunque sería deseable que todos los zoológicos y acuarios de Latinoamérica y el Caribe hicieran parte de ella, resulta por lo menos cuestionable que agremiarse o certificarse se convierta en requisito legal para operar.

“Para hacer parte de la ALPZA hay que pagar una membresía anual y para acreditarse se necesita incurrir en gastos e inversiones significativas, que no todos estamos en capacidad de costear a corto plazo. A través de una adecuada articulación entre el Estado y los zoológicos y acuarios, se podría generar un consenso para definir estándares mínimos de operación para Colombia. Por lo anterior, estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una normativa para reglamentar a nuestras instituciones”, agregó Farah Ajami.

Desde la Asociación Colombiana de Parques Zoológicos, Acuarios y Afines (ACOPAZOA), creada en 1978, se han articulado esfuerzos y recursos para garantizar el bienestar animal bajo cuidados humanos y ofrecer una experiencia educativa de calidad a los visitantes. También se han liderado programas de conservación de la biodiversidad, iniciativas de formación técnica de alto nivel y campañas para combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre.

El activismo ambiental, bien direccionado, podría fortalecer las relaciones entre zoológicos y acuarios, Estado y sector privado, contribuyendo significativamente al bienestar de los animales bajo cuidados humanos y a la conservación de la biodiversidad integrada.

Este tipo de iniciativas, por el contrario, generan en la ciudadanía más desinformación y confusión frente al rol de los zoológicos y acuarios.