–La Fundación Paz y Reconciliación, Pares, presento su tercer informe de violencia político-electoral del actual calendario de cara a las elecciones del próximo 29 de octubre, según el cual el fenómeno se ha recrudecido, con un saldo, en 116 hechos asociados, de 152 víctimas, de ellas 26 fueron asesinadas, 20 sufrieron un atentado y 106 recibieron amenazas.

El informe comprende el análisis de datos recogidos desde el 29 de octubre de 2022, fecha de inicio del calendario electoral, al 29 de junio de 2023.

Según Pares, la violencia está atada «no sólo a las dinámicas locales de conflicto armado y criminalidad, sino también a las dinámicas políticas clientelares y corruptas».

Con relación con el informe inmediatamente anterior, correspondiente a los primeros seis meses del calendario electoral (del 29 de octubre de 2022 al 30 de abril de 2023), se dio un incremento del 42% en el número de hechos registrados, y del 35% en el número de víctimas contabilizadas, destaca Pares.

Subraya que este tercer informe de violencia político-electoral causa gran preocupación, pues se sigue registrando una víctima de violencia político electoral día de por medio en Colombia; y la tendencia ha mostrado que, al acercarse el momento de la inscripción de candidatos y los comicios, se aumentan notoriamente el número de hechos contabilizados y, por supuesto, sus víctimas.

Sobre los perpetradores o autores de esta ola de violencia electoral, indica que después de la firma de los Acuerdos de Paz entre el Estado Colombiano y las extintas Farc, se ha venido dando un reacomodamiento del orden criminal en los territorios, lo que en muchas zonas del país ha significado un escalamiento del conflicto. A ello se agregan el Eln, con otros
grupos como las disidencias de las Farc y estructuras criminales como el Clan del Golfo

Las regiones más afectadas por la violencia armada siguen siendo el Pacífico nariñense, el Norte del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, Chocó y Arauca.

Dice que todas estas regiones están a la espera de los resultados de la apuesta del Gobierno por conseguir que la violencia se detenga.

En el informe se destacan los siguientes datos y hechos:

1. Se cuentan hasta el momento 26 homicidios, de los cuales son de mayor gravedad: el asesinato del concejal por el partido Cambio Radical Gildardo Hoyos en Sucre, Cauca; el asesinato de la precandidata por el Polo Democrático al Concejo de Calamar, Guaviare, Yenifer Córdoba Henao; el homicidio del precandidato por la Colombia Humana Sergio Castro al Concejo de Tibú, Norte de Santander; y el homicidio del precandidato al Concejo de Tuluá, Valle del Cauca, Alejandro Forero.

2. Veinte (20) atentados, de los cuales se destacan seis (6) en este último bimestre en: Cauca (1), Cesar (1), Norte de Santander (2) y Tolima (2).

Explica que la violencia político-electoral es una subcategoría de la violencia política que puede ser definida como aquella que se ejerce contra un individuo o un colectivo debido al ejercicio de sus derechos políticos en el marco de la contienda electoral.

Y puntualiza: Tradicionalmente, la violencia ha sido y es un mecanismo más de competencia electoral en el país.

En el marco de las elecciones de autoridades locales, municipales y departamentales, existen sofisticados mecanismos de corrupción que incluyen diversas alianzas con grupos al margen de la ley. Desde 2014, Pares ha documentado los herederos de las estructuras asociadas al fenómeno de la parapolítica en el Congreso y, posteriormente, ha investigado la continuidad de este poder en hechos de corrupción asociados al “Cartel de la Toga”, el escándalo de Odebrecht, entre otros escándalos a nivel local.

Todo lo anterior relacionado con miembros de clanes políticos, quienes canalizan todas las formas de corrupción para mover maquinarias clientelares multimillonarias en sus regiones.

A partir de la entrada de dineros ilegales o del uso de estructuras armadas ilegales para la competencia electoral, los riesgos de violencia político electoral se mantienen constantes.

Pares lanza una alerta sobre el recrudecimiento de la violencia en departamentos como el Chocó, en donde hay cuatro alcaldes que no están ejerciendo sus dignidades desde sus municipios, debido a presencia de estructuras armadas ilegales y escenarios de riesgo, según lo ha establecido la Defensoría del Pueblo, a la que se suman otros ocho alcaldes en el resto del país, en municipios como Cartagena del Chairá, Caquetá; Magüí Payán, Nariño; Puerto Guzmán, Putumayo; El Bagre y Tarazá, Antioquia; entre otros.

Así mismo, se observa un incremento particularmente en las víctimas vinculadas al Partido Conservador; así como un incremento en la victimización hacia perfiles de precandidatos, conforme se acerca el proceso de inscripción y elecciones.

Por último, se resaltan dentro de los hechos violentos la irrupción en el Valle del Cauca de una estructura criminal conocida como “la oficina de Tuluá”, encargada de asesinar a un precandidato al Concejo y atentar contra la oficina de un candidato a la alcaldía.

Sobre esto hay que decir que los perfiles más victimizados han sido las personas elegidas por voto popular: 39% (55 personas). Dentro de este segmento, los concejales siguen siendo los más afectados, con 28 víctimas (18%). Les siguen 17 alcaldes (11%), 5 gobernadores (3%), 4 diputados, 2 senadores, un edil, un representante a la Cámara, y la vicepresidenta Francia Márquez, quien recibió una amenaza por correo electrónico de la cual la Fiscalía ya encontró el origen y el presunto culpable.

El segundo perfil más victimizado es el de los precandidatos: 26% (39), siendo el perfil que más aumentó en este bimestre, seguido de miembros de partidos políticos: 18% (27) y exmiembros de cargos de elección popular: 9% (14).

Con respecto a los precandidatos, el aumento porcentual en comparación con el periodo anterior es del 245%, un hecho preocupante si se tiene en cuenta que se acerca el periodo de inscripción de candidatos.

Los hechos más graves contados hasta el momento son los 26 homicidios, de los cuales solo en este bimestre se registraron siete (7). Los perfiles de estas víctimas son:

1. Gildardo Hoyos, concejal de Sucre, Cauca, por el Partido Cambio Radical.
2. Temístocles Beltrán, precandidato al Concejo de El Copey, Cesar.
3. Yenifer Córdoba, precandidata al Concejo de Calamar, Guaviare, por el Polo Democrático.
4. Raúl Molina Gutiérrez, exconcejal del municipio de Santa Ana, Magdalena.
5. Wilfrido Cassiani, exconcejal de La Zona Bananera (Sevilla) del Magdalena, por ASI.
6. Sergio Castro, precandidato al Concejo Municipal de Tibú, por la Colombia Humana.
7. Alejandro Forero, precandidato al Concejo de Tuluá.

En cuanto al total de víctimas con o sin filiación política respecto del Estatuto, se cuentan así:

1. De los partidos de Gobierno se registraron 49 víctimas.
2. De los partidos independientes se registraron 13 víctimas.
3. De los partidos de oposición se registraron 11 víctimas.
4. Finalmente, sobre miembros de cargos de elección popular de grupos significativos de ciudadanos a estos no es posible asignarles una coalición oficial, por lo que se registraron
setenta y nueve (79) víctimas a las que no fue posible identificarles una alineación partidista según el Estatuto: 52%.

A nivel de partidos, de aquellas víctimas que tienen una filiación partidista (80), las que han sido más victimizadas son las que pertenecen a partidos como el Partido Conservador: 7% (10); Liberal: 7% (10); Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS): 5% (8); La U: 5% (8); Cambio Radical: 5% (7).

En el caso de otros, se tienen en cuenta a aquellos que tienen coaliciones: 28% (43) y de NA a aquellos que no tienen personerías jurídicas o tienen filiaciones políticas: 19% (29).