–Tras deplorar el hundimiento en el Congreso del proyecto de humanización de la política
criminal y penitenciaria, que «se hundió en medio de la indiferencia ciudadana y de las fuerzas políticas frente a la terrible situación de las personas privadas de la libertad», la Comisión Asesora para la Política Criminal del Estado, CAPC, recomendó al Ejecutivo Nacional presentar de nuevo la iniciativa este 20 de julio.

«Nuestra atroz crisis carcelaria requiere medidas urgentes y estructurales. Recomendamos que en la próxima legislatura se retome prioritariamente este proyecto», precisó la comisión en un comunicado, en el cual advierte que «no existe una contradicción insalvable entre proteger a la ciudadanía del crimen y defender los derechos de las personas privadas de la libertad, o entre eficacia y garantismo».

Estos son los términos del pronunciamiento de la Comisión Asesora:

Lamentamos el hundimiento en el Congreso del proyecto de humanización de la política criminal y penitenciaria. Como conceptuamos en su momento este es un paso importante para avanzar en una política criminal democrática que enfrente la doble crisis – de seguridad y carcelaria – en Colombia.

El proyecto busca reducir el uso excesivo de la cárcel. En nuestro país la tasa de encarcelamiento pasó de 80 por 100.000 habitantes en 1994 a más de 240 en la actualidad, lo que no ha sido efectivo en mejorar la seguridad ciudadana, pero sí ha conducido a una crisis carcelaria aguda, con tasas de hacinamiento del 40%: hoy hay unas 126.000 personas privadas de la libertad, mientras que los cupos carcelarios son unos 90.000. La situación es aún más dramática en los sitios de reclusión transitoria (estaciones de policía).

Con excepción de algunos privilegiados, las personas en privación de la libertad viven hoy en
condiciones tan atroces e inhumanas que la Corte Constitucional ha declarado el estado de
cosas inconstitucional en varias oportunidades: sentencias T-388/13, T-762/15 o SU-122/22. Es una bomba de tiempo que podría llevar a tragedias aún mayores.

El proyecto busca reducir el hacinamiento sin afectar la seguridad ciudadana, acudiendo a: i)
la justicia restaurativa, cuyos resultados en el mundo son muy prometedores para evitar la
reincidencia, mejorar la convivencia y satisfacer mejor los derechos de las víctimas; ii) el
mejoramiento de las condiciones de las prisiones, fortaleciendo los procesos de resocialización y de reincorporación progresiva a la sociedad de las personas privadas de la
libertad, lo que contribuye a reducir la reincidencia y, por esta vía, a mejorar la seguridad.

El proyecto originario tenía unos puntos problemáticos, que fueron señalados en nuestro concepto, como la despenalización de la inasistencia alimentaria, pero la mayor parte de estos aspectos fueron corregidos en la ponencia para primer debate. Consideramos que la aprobación de este proyecto, junto con la adopción de otras medidas de política criminal,
como una mejor focalización de la investigación penal en los delitos graves y el fortalecimiento de las estrategias de prevención del delito, permiten limitar el uso de la
cárcel y reducir el hacinamiento, sin desproteger la seguridad de los ciudadanos ni los
derechos de las víctimas.

Lamentamos que este proyecto, presentado desde febrero por el Ministerio de Justicia, no
haya tenido siquiera un primer debate en el Congreso. Se hundió en medio de la indiferencia
ciudadana y de las fuerzas políticas frente a la terrible situación de las personas privadas de la libertad. Nuestra atroz crisis carcelaria requiere medidas urgentes y estructurales.
Recomendamos que en la próxima legislatura se retome prioritariamente este proyecto.

En el Congreso existen otros proyectos sobre seguridad ciudadana, política criminal y situación carcelaria (PL 108 de 2022 Cámara y PL 254 de 2022 Cámara). Consideramos que
debe haber un esfuerzo de armonización de estos proyectos, con el fin de que la política
criminal sea fruto de amplios acuerdos políticos, a fin de dotarla de la mayor legitimidad y
sostenibilidad posibles.

Mejorar la articulación entre las estrategias de seguridad de las alcaldías y las políticas
criminal y de seguridad nacionales, así como aprovechar las experiencias de justicia restaurativa de la justicia transicional, debe ser una prioridad. No existe una contradicción
insalvable entre proteger a la ciudadanía del crimen y defender los derechos de las personas
privadas de la libertad, o entre eficacia y garantismo. Debemos lograr una política criminal
que honre ambos principios y valores: que sea eficaz en salvaguardar a la ciudadanía contra
el delito y que garantice los derechos de las personas procesadas o privadas de la libertad.
Podemos y debemos ser eficaces y garantistas al mismo tiempo.

La CAPC tiene capacidades limitadas por cuanto sus integrantes son de dedicación parcial y
ad-honorem, pero en el término de sus posibilidades, la CAPC se ofrece para intentar
armonizar ambos imperativos.