–Un juez de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento y envió a la cárcel a Sergio Fabián Suárez Ramírez, un exfuncionario del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) señalado de hacer parte de una red dedicada a la adquisición, alteración y comercialización de medicamentos de uso institucional o los catalogados como vitales, que no son distribuidos masivamente por su alto costo.

Según la Fiscalía, este sujeto, en su condición de profesional universitario adscrito al Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos del Invima, habría intervenido para que otros servidores de la entidad otorgaran registros sanitarios y resoluciones de importación a una comercializadora farmacéutica y particulares que no cumplían con los requisitos sanitarios exigidos por la ley.

Entre enero de 2021 y julio de 2023, Suárez Ramírez presuntamente intercedió en 15 oportunidades para lograr la expedición ilegal de los documentos, los cuales eran utilizados para soportar la venta de los medicamentos que alteraba la estructura delictiva.

Los elementos de prueba indican que estos productos ingresaban vencidos y descompuestos al país. Posteriormente, los trasladaban en precarias condiciones y como encomiendas a Bogotá; y les modificaban las fechas de caducidad, lotes de fabricación y registros para darles la apariencia de un medicamento auténtico para tratar enfermedades como el cáncer, el VIH, la artritis, entre otras.

De esta manera, la organización ilegal los comercializaba a clínicas, hospitales, hogares geriátricos y proveedores de Bogotá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Caquetá.

Por estos hechos, una fiscal del Grupo de Propiedad Intelectual de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó al exfuncionario los delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias de servidor público. Los cargos no fueron aceptados por el procesado, que deberá cumplir medida de aseguramiento en cárcel.

Sergio Fabián Suárez Ramírez fue capturado por funcionarios del CTI, luego de que se presentara para atender una orden judicial en su contra.

Por este entramado ilegal, la Fiscalía judicializó recientemente a 13 personas, entre ellas los representantes y trabajadores de farmacéuticas, comercializadoras e Institutos Prestadores de Salud (IPS).