–Debido a falta de planeación de algunas Entidades Territoriales Certificadas, más de 354.000 estudiantes no están recibiendo el Programa de Alimentación Escolar, PAE, tras regresar del receso de vacaciones, denunció este martes la Contraloría General de la República.

El organismo de control notificó que después de 3 semanas de retomar el calendario escolar, más de 215.605 niños y niñas de 5 Entidades Territoriales Certificadas -ETC (Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito), continúan sin recibir el servicio de PAE debido a la falta de planeación, presentándose culminación de los procesos contractuales cuando hay una asignación presupuestal para la vigencia 2023 por un total de $ 105.006.349.575.

La Contraloría señaló que a través de la Delegada para la Participación Ciudadana, ha venido realizando múltiples llamados de atención sobre los principios de planeación que deben cumplir las Entidades Territoriales, acorde con la normatividad vigente (Ley 2167/2021), para garantizar la contratación oportuna del Programa de Alimentación Escolar en el territorio nacional, y la situación es tal que a corte del 21 de julio llegan en total a 355.196 los niños, niñas y adolescentes afectados por la suspensión del PAE.

Durante las visitas realizadas por los equipos de la Contraloría General de la República, junto a las comunidades académicas y el trabajo articulado con la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar Alimentos para Aprender- UApA, se conoció que por la culminación de los procesos de contratación del PAE en algunas Entidades Territoriales Certificadas, se podría poner en riesgo la continuidad del servicio a los niños, niñas y adolescentes, objetos de derecho.

Durante este especial seguimiento se identificó en primer lugar que son más de 215.605 estudiantes de 5 ETC (Caquetá, Cauca, Córdoba, Neiva y Pitalito), que desde el regreso a clase, después de 3 semanas de retomar el calendario escolar, continúan sin que se les preste el servicio de PAE, debido a la falta de planeación, presentando culminación de los procesos contractuales del Programa de Alimentación, pese a contar con una asignación para la vigencia fiscal 2023 por un total de $105.006.349.575, bajo Resolución No. 359 de diciembre 7 de 2022.

Este es el caso de la ETC Caquetá, donde desde el regreso a clase después del receso escolar el día 10 de julio, no se presta el servicio de PAE debido a que la entidad reporta que no tiene los recursos para dar continuidad al mismo durante el segundo semestre de la presente vigencia, afectando a más de 37.056 niños, niñas y adolescentes.

Se encontró también que la ETC Cauca finalizó su operación del PAE Mayoritario el día 23 de mayo, en los municipios del Macizo (Almaguer, La Sierra, La Vega, Piamonte, Rosas, San Sebastián, Santa Rosa, Sotará y Timbio), dejando a más de 11.396 beneficiarios sin servicio.

Así mismo, la ETC Córdoba suspendió la atención desde el 30 de mayo, debido a la culminación de los procesos contractuales del PAE, con una afectación de más de 156.690 niños, niñas y adolescentes.

En cuanto a la ETC Pitalito, suspendió la operación del programa desde el 12 de julio y manifiestan que no cuentan con suficientes recursos para finalizar hasta el último día calendario académico, con lo cual más de 10.463 estudiantes dejaron de recibir los servicios del PAE.

La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez, volvió a llamar la atención sobre los principios de planeación que se tienen que abordar en la contratación del PAE en el territorio nacional, para que no se llegue a estas suspensiones y, por lo contrario, con la debida planeación se garantice el servicio durante todo calendario académico, desde el primer día, sin interrupción como se determina en la Ley 2167 de 2021.

Dicha norma obliga a respetar los principios de planeación presupuestal y los criterios de sostenibilidad fiscal contenidos en el ordenamiento jurídico colombiano, para asegurar la disponibilidad de recursos por períodos iguales o superiores al calendario académico por parte de los distritos, departamentos y municipios, enfatizó.

“Las entidades territoriales certificadas deberán adelantar la planeación con tiempo suficiente, así como los trámites administrativos, contractuales y presupuestales necesarios para lograr que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar”, insistió la Delegada.

En este sentido, llama particularmente el caso particular de aproximadamente 100.900 estudiantes de dos ETC (Magdalena y Guajira).

La ETC Magdalena suspendió la operación desde el 21 de marzo, por lo cual, desde ese día más de 99.700 estudiantes no están recibiendo el servicio de PAE. La entidad adjudicó el proceso selección abreviada No SA-004-2023 el día 23 de junio de 2023, por valor de $56.877.806.202, y luego de haber adjudicado contrato desde el pasado 23 de junio y del regreso del receso escolar, los niños, niñas y adolescentes estudiantes de esta ETC no están recibiendo el servicio de alimentación escolar.

Así mismo, la ETC La Guajira sigue sin prestar el servicio del PAE a más de 1.200 niños, niñas y adolescentes, durante todo el calendario escolar, debido a la no planeación de sus procesos contractuales.

Y la ETC Neiva culminó el día 21 de julio su proceso contractual del PAE y manifiesta que no cuentan con suficientes recursos para finalizar con la operación del Programa hasta el último día calendario académico, lo que conlleva a una afectación de más de 38.091 beneficiarios.

La Contraloría General de la República hace un llamado a las 97 Entidades Territoriales Certificadas, ETC, para que atiendan y dispongan los equipos y los recursos necesarios para ejecutar el Programa de Alimentación Escolar (PAE) como es debido, siguiendo las indicaciones del Gobierno Nacional para que reciban su alimentación los más de 6 millones de estudiantes beneficiarios proyectados para la vigencia 2023.

La alimentación escolar buscar contribuir con la permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema educativo oficial, por lo que su correcta ejecución se convierte en una prioridad del Control Fiscal con sus competencias Preventivas y Concomitantes.