Colombia cuenta con una política portuaria actualizada luego de que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) aprobara el documento CONPES 4118. En esta actualización se promueve la eficiencia del sector, buscando que el país fortalezca los principios de sostenibilidad de su operación y se adapte al entorno global y al contexto territorial colombiano.

Este documento se hizo realidad luego de analizar estudios técnicos adelantados por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Ministerio de Transporte, y el acompañamiento de instancias técnicas de comercio mundial, organizaciones de la banca multilateral y otros consultores especializados.

A través de este documento, la política portuaria se encamina a cumplir acciones en seis ejes estratégicos para el sistema:

1. Articulación del sistema portuario con los instrumentos de planeación territorial y las condiciones físicas y ambientales de línea de costa en los litorales colombianos.

2. Promoción de la incorporación de buenas prácticas ambientales y de responsabilidad social empresarial en el sistema portuario nacional.

3. Actualización de los esquemas de regulación tarifaria y de contraprestación en los puertos del país.

4. Mejora en las condiciones de la infraestructura de accesos marítimos, terrestres y fluviales a los terminales portuarios.

5. Actualización de los instrumentos regulatorios del sistema portuario colombiano.

6. Fortalecimiento del marco institucional del sector portuario orientado a facilitar el ejercicio de la autoridad portuaria del sistema.

Por medio de estos ejes, la política portuaria también busca dinamizar y armonizar la institucionalidad del sistema, con el ánimo de evitar duplicidades de funciones, así como el impulso de la eficiencia en las entidades que hacen parte de este sector.

Adicionalmente, la actualización habilitará el acceso físico a alimentos, equipos e insumos utilizados en la cadena logística para facilitar la producción y favorecer la consolidación de cadenas de suministro más eficientes.

Este CONPES es la hoja de ruta de acciones como la actualización del esquema regulatorio para atender las condiciones del modelo actual de negocio portuario, la realización de un estudio para evidenciar la estructura del mercado de servicios portuarios y tomar decisiones sobre el esquema actual de tarifas y el establecimiento de metodología para la medición y seguimiento de la huella de carbono de las actividades portuarias portuaria, entre otras.

Para llevar a buen puerto este proceso, las entidades encargadas de liderarlo serán el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías), y la Superintendencia de Transporte (Supertransporte). El Departamento Nacional de Planeación también acompañará la implementación de la política.

De este modo, el cumplimiento de estos objetivos tendrá un costo de $11.746 millones. Gracias a ello, se movilizarían inversiones cercanas a los 10,66 billones de pesos, de acuerdo con proyecciones realizadas por Cormagdalena y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

“El desarrollo portuario es vital para el soporte de las actividades económicas del área de influencia territorial, pues son el puente entre el transporte marítimo y terrestre. La articulación de esta infraestructura con el ordenamiento de los territorios contribuye a que las regiones desarrollen ventajas competitivas y alcancen un grado más alto de especialización productiva”, manifestó Juan Miguel Gallego, Subdirector General de Prospectiva y Desarrollo del DNP.

Cabe recordar que la política nacional portuaria ha permitido que Colombia se adapte a los cambios de los mercados internacionales. Desde allí, se ha impulsado la productividad e internacionalización de la economía colombiana.

(Con información del DNP)