El Gobierno de Colombia está dispuesto a aceptar cambios en sus proyectos de ley que se debatirán el Congreso, pero buscará mantener la esencia de las iniciativas, mientras construye a través del diálogo un acuerdo con las fuerzas políticas para lograr su aprobación, dijo el lunes el ministro del Interior.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien cumplirá el próximo 7 de agosto su primer año de Gobierno, impulsa reformas económicas y sociales para reducir la pobreza y la inequidad en el país sudamericano de 50 millones de habitantes, paralelamente a sus esfuerzos para lograr una paz total y poner fin a un conflicto armado de seis décadas que ha dejado 450.000 muertos.

Pero las reformas al sistema de salud, al de pensiones y al régimen laboral no fueron aprobadas en los dos primeros periodos de sesiones del Congreso, mientras la coalición que construyó el mandatario al inicio de su mandato, conformada por partidos de izquierda, centro e incluso de derecha, se desintegró en abril.

Los proyectos de reforma a la salud y a las pensiones continuarán su trámite en el actual periodo de sesiones del legislativo ante un lento avance en el primer año, mientras que la laboral será presentada de nuevo, luego de que el Congreso la rechazó.

«El Gobierno aspira a construir con todo el país un acuerdo que permita enfrentar los retos más grandes», dijo en una entrevista con Reuters el ministro Luis Fernando Velasco.

«Es evidente que ahí va a haber un debate y si nosotros vamos al debate es porque estamos dispuestos a escucharnos, no solo a que nos escuchen, aunque no queremos como Gobierno que se rompa la esencia de nuestras iniciativas», explicó.

Velasco sostuvo que además de los partidos políticos, el Gobierno buscará incluir a los empresarios y a la sociedad en general en el gran acuerdo para lograr las reformas.

El ministro del Interior destacó que, pese a las dificultades, el Gobierno logró en su primer año la aprobación de una reforma tributaria para financiar sus planes de inversión social, un plan de desarrollo, una ley para entregar tierras a los campesinos y el acuerdo de Escazú.

Otra de las apuestas del Gobierno será la aprobación de leyes para reformar la educación y lograr los instrumentos jurídicos para alcanzar la paz con todos los grupos armados ilegales, dijo Velasco.

Los grupos armados ilegales como las guerrillas izquierdistas y las bandas criminales buscan controlar territorios para manejar economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilícita, con un grave riesgo para las regiones, advirtió el funcionario.

El ministro, un abogado y experimentado político que antes fue congresista, descartó la convocatoria a una asamblea constituyente para aprobar las reformas económicas y sociales destinadas a beneficiar a los más pobres, en la eventualidad de que no avancen en el Congreso.

«Este país no necesita una constituyente, este país lo que necesita es que se aplique la Constitución del 91. El problema más que de normas es de decisión política, de ser capaces de hacer acuerdos», concluyó. Reuters