–En los primeros seis mees del año se registró un incremento de secuestros, masacres, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, homicidios de lideresas y líderes sociales, conflictos manifiestos por presencia de actores armados y violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas.

Así lo alertó la Defensoría del Pueblo, al hacer un balance sobre las vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el primer semestre del 2023, a partir de un trabajo in situ de sus funcionarios que se extendió a todas las regiones del país.

“El aumento en los índices de estas conductas configura un difícil escenario de recrudecimiento de la violencia cuyos responsables directos son los grupos armados ilegales. Estamos viviendo una espiral de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El número de secuestros registrados por la Defensoría del Pueblo entre enero y junio de este año fue de 32, mientras que en el mismo periodo del 2022 el reporte se situó en 23, lo que equivale a un incremento del 39%. Los meses que más reportaron este flagelo fueron mayo y junio con 11 y 8, respectivamente, y los departamentos en los que más secuestros hubo fueron Arauca, Antioquia y Norte de Santander.

“Además del aumento considerable en las cifras de secuestros, nos preocupa que esta conducta siga ocurriendo en los mismos departamentos que el año pasado, dos factores que se constituyen como una consecuencia directa de la agudización del conflicto armado en el país”, añadió Carlos Camargo Assis.

Las masacres también aumentaron en los seis primeros meses del año. Son 52 homicidios colectivos los que se presentaron en el país versus los 48 ocurridos en la misma época del 2022.

Las masacres no han tenido una relación directa con los homicidios de excombatientes y firmantes de paz; sin embargo, en lo que va corrido del año son 19 los asesinatos de los que han sido víctimas quienes forman parte de ese grupo poblacional, mientras que el año pasado fueron 21 los excombatientes ultimados.

Un total de 147 casos de reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes ocurrieron en el periodo relacionado. El 66% correspondió a niños y adolescentes y el 34%, a niñas y adolescentes.

El mayor número de registros se reportó en Cauca, con 104 casos, y es el departamento donde se concentró el 70,7% de los casos; le siguen Nariño, con diez casos; Putumayo, con ocho; Caquetá, con seis, y Chocó, Arauca y Amazonas, con cuatro casos cada uno.

“Es motivo de alerta que el 67% de los casos de reclutamiento, uso y utilización de menores de edad por parte de grupos armados ilegales correspondió a la población indígena, y en la mayoría de los casos los presuntos grupos armados responsables fueron las disidencias de las Farc, que concentra el 64% de los casos denunciados”, afirmó el Defensor del Pueblo.

De otro lado, en el primer semestre se registraron 756 eventos de conflictos sociales manifiestos en el país. Este número representa un incremento del 48% frente al primer semestre del 2022, cuando se registraron 512. Mayo y junio son los meses que concentraron el mayor número de conflictos sociales. Arauca, Meta, Nariño, Putumayo, Córdoba y Antioquia, con alta presencia de grupos armados ilegales, fueron lugares con incidencia de conflictividad social.

Las demandas de atención y cumplimiento estatal a los compromisos acordados para resolver necesidades estructurales y urgentes de los distintos sectores poblacionales; las exigencias de mayor inversión social en los territorios en materia de salud, alimentación, seguridad, educación y empleo; los reclamos para el acceso a tierras, exigir eficiencia en la prestación de servicios públicos y de transporte, así como el respeto y garantía de los derechos humanos, entre otras problemáticas, fueron los detonantes de los eventos manifiestos.

La Defensoría del Pueblo, a nivel país, atendió 3557 casos de violencias basadas en género y por prejuicio contra mujeres y personas con orientación sexual e identidad de género diversas (OSIGD-LGBTI), en su mayoría en los departamentos del Valle del Cauca, Norte de Santander, Bolívar, Magdalena y Cauca. En el primer semestre del 2022 fueron atendidos 1763 casos, lo que da cuenta de un aumento, este año, del 203%.

Uno de los puntos más críticos del aumento de casos y denuncias de violencia por motivos de género tiene que ver con los hechos que atentaron contra lideresas y defensoras de derechos humanos. Solamente entre enero y junio de este año fueron reportados 133 casos, mientras que en todo el 2022 hubo un total de 144 casos.

“Hemos advertido escenarios de riesgo para lideresas sociales relacionados con la intensificación del conflicto armado, la discriminación, el sexismo y la violencia por prejuicio, así como las violencias institucionales. Estos riesgos las afectan porque las agresiones de los actores armados ilegales en su contra se extienden a sus hijos e hijas y familiares, y se reflejan en hostigamientos, amenazas, homicidios, violencia sexual y reclutamiento forzado”, indicó el Defensor del Pueblo.

Durante el primer semestre del 2023, la Defensoría del Pueblo registró un total de 92 asesinatos en contra de líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos. Los más afectados fueron los líderes comunales, con 22 homicidios; líderes comunitarios, con 20, y líderes indígenas, con 16. Tres grupos que concentran el 63% del total de homicidios registrados. Sin embargo, en el comparativo con el mismo tiempo del año inmediatamente anterior, se evidencia una disminución del 19%, periodo en el que se presentaron 114 homicidios.

“Esta disminución en el número de casos reportados debe ser el punto de partida para que la institucionalidad del Estado siga trabajando en la búsqueda de mecanismos que permitan acabar con estos crímenes, y para que los actores armados, de forma urgente, cesen toda acción violenta contra la población civil, particularmente contra quienes ejercen un liderazgo para sus comunidades”, agregó Camargo Assis.

Los hechos ocurrieron en 26 departamentos del país, y en siete de ellos se concentra el 53% de los homicidios registrados. Cauca es el más afectado, con un total de 17 asesinatos, le siguen Nariño y Antioquia, con siete cada uno; Valle del Cauca y Córdoba, con seis cada uno, y Bolívar y Cesar, con cinco cada uno.

Para este primer semestre se registraron 68 eventos de desplazamiento forzado masivo en el país, 9280 familias y 24.771 personas fueron las afectadas; el departamento de Nariño, el más golpeado, con 26 desplazamientos masivos. El 81% ocurrió, además de Nariño, en Chocó, Cauca y Valle del Cauca.

Además, 92 eventos de confinamiento se presentaron en Colombia, 70 tuvieron lugar en Chocó. Los restantes sucedieron en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Bolívar.

En las zonas en donde se concentra la mayor cantidad de eventos persiste la presencia de diversos actores armados: Ejército de Liberación Nacional (ELN), Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y facciones disidentes de las antiguas Farc, grupos que se disputan el control territorial. Al ubicarse en regiones estratégicas que conectan vías transcendentales para el transporte de economías ilícitas y la circulación de las estructuras armadas ilegales generan los desplazamientos y confinamientos.

“Aunque los eventos de desplazamiento masivo forzado para el primer semestre del 2023 disminuyeron en comparación con los mismos meses del 2022, cuando se reportaron 94 eventos, el conflicto no cesa, lo que obliga al confinamiento de las comunidades”, dijo el Defensor del Pueblo.

A pesar de que está andando un proceso de diálogo con organizaciones armadas, queda en evidencia que los esfuerzos del Gobierno central no son suficientes para evitar estos flagelos.

“Nos estamos dejando coger ventaja de los grupos armados ilegales, los cuales se han venido expandiendo en el territorio nacional por cuenta de la inacción de la fuerza pública en el desarrollo de los ceses del fuego. Por esta razón, toda la institucionalidad debe seguir trabajando en conjunto. Los derechos a la vida, integridad, libre movilidad, salud, educación, los derechos económicos y sociales, entre otros, no tienen por qué seguir siendo blanco militar de los criminales”, aseveró el Defensor del Pueblo de los colombianos.