El plan del presidente Gustavo Petro, de poner fin a la contratación para la exploración de hidrocarburos en el marco de la transición del país hacia formas más limpias de energía, amenazaría la seguridad energética y bienestar económico de Colombia, opinan expertos.

La industria petrolera colombiana todavía es incapaz de superar las consecuencias del COVID-19 y volver al ritmo de operaciones anterior a la pandemia, manifestó el inversionista y profesional en gestión, Matthew Smith, en su artículo en Oilprice.com.

Según el experto, en mayo de 2023, este “país dependiente del petróleo” bombeó una media de 773.789 barriles diarios (b/d) y, a pesar de un aumento interanual significativo, la producción en mayo de 2023 seguía siendo significativamente inferior (en un 13,5%) a los 894.519 b/d bombeados en el mismo mes de 2019, lo que indica que la producción no ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia.

La producción de gas natural tampoco se ha recuperado todavía, lo que está creando una considerable consternación en un país que ya se enfrenta a la escasez y a una posible crisis del gas natural, alarma el especialista.

Conforme con Smith, hay varias razones para ello, pero la principal es la fuerte caída de la inversión en el sector energético del país. Por ejemplo, la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) señaló a principios de este año 2023 que la inversión de las petroleras privadas en exploración se desplomará un 33% interanual, hasta los 700 millones de dólares.

La decisión de las petroleras privadas de recortar significativamente el gasto de capital durante 2023, en opinión del analista, puede estar relacionada con la subida de impuestos para el sector petrolero impuesta por el presidente colombiano Gustavo Petro en noviembre de 2022 y con sus planes de dejar de adjudicar nuevos contratos para la exploración petrolera.

Estas estrategias constituyen un elemento clave del plan del mandatario colombiano para liberar a Colombia de su dependencia de los combustibles fósiles, donde el petróleo —”un motor económico crucial para Colombia”— representó el 29% del valor de las exportaciones colombianas durante el primer semestre de 2023, y acelerar así la transición del país hacia fuentes de energía renovables.

De acuerdo con Smith, la inseguridad, las frecuentes protestas contra la industria petrolera y la elevada incertidumbre geopolítica “están pesando sobre el sector de los hidrocarburos de Colombia” y hacen “casi imposible que el presidente consiga el apoyo necesario en el Congreso para poner en marcha su plan sobre el fin de la exploración de hidrocarburos, lo que paralizaría la agenda activista de Petro”.

Conforme con el artículo, a pesar de que la ACP predijo que se perforarían entre 55 y 60 pozos de exploración el año 2023, los datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) muestran que solo se completaron 28 pozos exploratorios durante los primeros cinco meses de 2023.

Por ello, estima el autor, “durante 2023 se completará un número sustancialmente menor de pozos de exploración en comparación con 2022, cuando se perforaron 68”. Además, en julio de 2023, solo había 24 equipos de perforación activos en Colombia, frente a los 35 de finales de diciembre de 2022 y los 33 del mismo mes del año anterior.

“Esto pone de relieve los considerables riesgos planteados por el plan de Petro de poner fin a la exploración de hidrocarburos en un país que depende económicamente de las exportaciones de petróleo, pero que posee reservas probadas limitadas sin grandes descubrimientos de petróleo en más de una década”, destaca Matthew Smith.

De esta manera, concluye el analista, se teme que la política del presidente “ponga en peligro la seguridad energética de Colombia”, sobre todo ante la inminente escasez de gas natural y hará que Bogotá, actualmente exportadora neta de petróleo, se vea obligada a empezar a importarlo a partir de 2028.