En el periodo de enero a junio de este año se registraron en Colombia 52 masacres, 46 homicidios de derechos humanos y 48 casos de reclutamiento de menores. Estas cifras revelan que, aunque hay una disminución del 19% en homicidios y un aumento del 11% en masacres, a la Oficina Colombina del Alto Comisionado para Derechos Humanos de la ONU, le preocupa el tema en los territorios donde el Estado colombiano tiene que focalizar su atención. Así lo sostuvo Juliette de Rivero, representante la organización.

“La principal preocupación más grande que tienen las comunidades y la tenemos nosotros es el reclutamiento infantil”.

En cuanto a las masacres los departamentos más afectados fueron Atlántico, Antioquia, Cauca, La Guajira, Magdalena, Meta, Norte de Santander, Putumayo y valle del Cauca.

La expansión de territorio por parte de los grupos armados se centra en Arauca, Huila, Caquetá, Córdoba y Guaviare que viene acompañado de homicidios, amenazas, reclutamiento, carnetización de la población, entre otras vulneraciones de derechos humanos.

“Eso nos dice que la situación en territorio aún es precaria y que el Estado tiene que llegar de manera articulada en el territorio. Muchas de las autoridades locales no pueden solas con la situación humanitaria y es prioritario proteger la vida”.

También se registran 18 homicidios y desapariciones forzadas de candidatos y líderes políticos. Los cuales fueron registrados en Cauca, Magdalena, Norte de Santander, Valle del Cauca y Nariño.

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU afirma que sus principales preocupaciones son:

La expansión territorial de grupos armados y organizaciones criminales.

Alto número de casos de reclutamiento infantil por parte de los actores armados no estatales y organizaciones criminales.

Implementación por parte de los grupos armados de estrategias agresivas para desarticular a las organizaciones de la sociedad civil y suplantar los mismos.

Dinámicas de trata con fines de explotación sexual, así como violencia sexual contra niñas y adolescentes por parte de grupos armados no estatales.