–A menos de dos años de que se cumpla el tiempo estipulado por las autoridades ambientales sobre la “vida útil” del Relleno Sanitario “Doña Juana”, advirtió este miércoles la Procuraduría General de la Nación en el marco de la mesa de trabajo promovida por el organismo de control para el seguimiento de la operación de ese depósito de basuras de la capital de la República.

El hecho es que julio de 2025, es la fecha en la que supuestamente este relleno sanitario dejaría de estar disponible para cubrir el derecho a saneamiento básico de los bogotanos.

La Procuraduría advirtió que, si bien el Distrito expresó que para octubre de 2023 tiene previsto presentar una solicitud de modificación en la licencia ambiental para la habilitación de una nueva área que permita disponer y gestionar residuos sólidos por un término entre 5 a 7 años adicionales, se debe trabajar en una solución inmediata a la inminente problemática que va a suponer que el relleno no esté disponible para la ciudad de Bogotá, independientemente al cambio de esquema y al nuevo modelo de gestión de residuos sólidos que plantea el Distrito Capital.

La Procuraduría también precisó que es preocupante el incumplimiento de 17 de los 30 indicadores de seguimiento a la licencia ambiental y de los parámetros de vertimientos, sumado a que las fórmulas de actualización tarifaria, asociadas a estas obligaciones, no han tenido un impacto real en la ejecución e implementación en las medidas de manejo ambiental.

Así mismo, durante la reunión, el Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Minero Energéticos y Agrarios, Gustavo Guerrero, hizo un llamado a la articulación de todos los actores, referenciando que es inconsecuente que existan dos solicitudes de modificación de licencia ambiental sobre la misma área y proyecto, una radicada por el Distrito Capital y otra por el operador Consorcio CGR Doña Juana.

Finalmente, el ente de control instó a la CAR Cundinamarca a realizar un exhaustivo control, como autoridad encargada del seguimiento al cumplimiento de la licencia ambiental; requiriendo también al Distrito, al operador y a la interventoría, una mesa de trabajo inmediata de carácter técnico y jurídico, para definir la hoja de ruta a corto plazo, que permita tener claridad ambiental y contractual sobre el futuro del del manejo de residuos sólidos en la capital del país.