–La Fiscalía General de la Nación anunció este miércoles que hará nueva imputación a Guillermo Grosso, expresidente de la EPS Cafesalud, ahora por supuestamente direccionar un contrato para favorecer a una IPS del departamento del Tolima.

La Fiscalía señala que la medida se adoptó al avanzar en la investigación para esclarecer los hechos de corrupción relacionados con la desaparecida Cafesalud, que habrían causado perjuicios a cientos de afiliados, además de un millonario detrimento a los recursos de la salud.

Subraya que el material probatorio recaudado por una fiscal adscrita a la Dirección Especializada contra la Corrupción fue determinante para vincular penalmente al expresidente de la entidad Guillermo Grosso Sandoval.

Según la investigación, el 1 de agosto de 2015 Cafesalud EPS suscribió un contrato con una IPS del Tolima para atender integralmente pacientes en ese departamento. El 1 de diciembre del mismo año firmó un otrosí que modificó las condiciones iniciales y generó un incremento del del 734%, con un sobrecosto mensual superior a los doscientos millones de pesos.

El material probatorio da cuenta que no hubo un estudio sólido de conveniencia, ni de necesidad ni de costos. Tampoco se estableció el número de personas que sería beneficiada con el servicio.

Asimismo, se estableció que la IPS beneficiada no cumplía los requisitos estipulados en el contrato, no contaba con el personal requerido, ni estaba habilitada para prestar los servicios médicos ni de especialistas solicitados y como tampoco presentó las pólizas de amparo.

Adicionalmente, se comprobó que parte de los recursos fueron destinados para la remodelación y adecuación de espacios físicos de una Clínica de la IPS adjudicataria, lo cual está prohibido legalmente.

Para la Fiscalía, el proceder de Grosso vulneró los principios de planeación, transparencia y selección objetiva y a pesar de haberse afirmado que fueron atendidas 103.283 personas, en realidad sólo 18.468 ciudadanos recurrieron a los servicios médicos. Lo anterior habría generado un detrimento patrimonial cercano a los 1.453 millones de pesos.

La Fiscalía imputó al procesado como autor de los delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros. Cargos que no fueron aceptados.