–La Contraloría General de la República formuló una advertencia al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores por el inminente riesgo que ha identificado en torno al suspendido proceso de la licitación para suministro, formalización y distribución de pasaportes

Según la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras, que elaboró un informe de seguimiento sobre el tema, recomendó al Vicecontralor en Funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, formular esta advertencia, como consecuencia de las recientes actuaciones de la administración, “la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó”.

Entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes tanto en el territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin”.

El pronunciamiento de Advertencia sobre el proceso de Licitación Pública LP-001-2023 está firmado por el Vicecontralor en Funciones de Contralor General y dirigido al Secretario General del Ministerio de Relaciones Exteriores, José Antonio Salazar Ramírez.

La comunicación finaliza recordando que la finalidad de la advertencia es prevenir la pérdida de recursos públicos con la implementación de medidas por parte de la entidad, por lo que “se insta al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores para que en el ejercicio de la licitación pública referenciada adopte todas las medidas necesarias y aplique los recursos legales que disponga a efectos de evitar que se materialice un posible detrimento patrimonial al estado y se cumpla con el objeto de la contratación, que en este caso obedece a una necesidad de alto impacto social”.

Como resultado del informe de seguimiento permanente realizado por la Contraloría Delegada para la Gestión Pública e Instituciones Financieras al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, de fecha 11 de agosto de 2023, se sugirió emitir advertencia con fundamento en las siguientes observaciones:

Este órgano de control observa que el pasado 31 de julio de 2023, ocurrieron dos hitos, en aparente contradicción, que afectan el curso del proceso licitatorio y pueden llegar a tener repercusiones sociales y fiscales.

De una parte, se produjo el informe del Comité Evaluador del proceso de Licitación Pública LP-001-2023, que concluye recomendando al ordenador del gasto adjudicar la licitación a un proponente que se encuentra habilitado en todos los componentes del presente proceso y se considera idóneo para la ejecución del contrato. Por la otra, el mismo día, se expide la Resolución número 5778 “Por medio de la cual se suspende el proceso de la licitación pública No. LP-01-2023”.

Actualmente, hay un proceso licitatorio abierto sin fecha de terminación cierta, ya no sujeto a las resueltas de la Acción Popular radicada en el Tribunal Administrativo Sección 14 de Cundinamarca bajo el número 25000234100020230094100, y que fue el argumento esgrimido por la administración para sustentar la suspensión del proceso, pues la Acción fue rechazada. En resumen, el proceso licitatorio se mantiene suspendido sin que el Fondo haya expuesto a este ente de control una justificación distinta a la de su capacidad legal para mantener la suspensión.

Como consecuencia de estas recientes actuaciones de la administración, la probabilidad de materialización de los riesgos identificados en torno al proceso licitatorio se incrementó. Entre las situaciones que pueden presentarse está la parálisis o al menos intermitencia en la prestación del servicio público de expedición de pasaportes tanto en territorio nacional como en el exterior, pues este no se prestaría bajo condiciones de oportunidad, y así, los recursos destinados para la prestación del servicio no cumplirían con su fin.

En últimas, estás situaciones convergen en riesgos en la prestación de un servicio público esencial, relacionado con la garantía de derechos fundamentales en un horizonte de varias vigencias, con un valor estimado de $599.651.582.571, recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación.