–El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, anunció este viernes que solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, medidas cautelares para que sean protegidos los derechos a la vida, integridad personal y políticos, de alcaldes, concejales, gobernadores, diputados y personeros, así como de candidatas y candidatos a las elecciones regionales, que serán celebradas en octubre de este año.

En total, según el Defensor del Pueblo, hay 42 personas, entre candidatas y candidatos que compiten para ocupar cargos públicos, que han sido amenazadas y víctimas de atentados en el legítimo ejercicio de sus campañas.

Igualmente, aspirantes a concejos, alcaldías, asambleas departamentales, juntas administradoras locales y gobernaciones han sido intimidados por grupos armados ilegales.

La crítica situación es registrada en Nariño, Norte de Santander, Antioquia, Cauca, Chocó, Valle del Cauca, Guaviare, Arauca, Huila y Bolívar.

“Las medidas cautelares solicitadas tienen carácter extremo, urgente y prioritario, dada la inminente amenaza en la que se encuentran servidores públicos y participantes en la contienda democrática”, expresó Camargo Assis.

Explicó el funcionario que la solicitud de medidas cautelares se solicitaron en el contexto actual que vive el país, sobre todo, por la vulneración de derechos humanos que enfrentan no solo servidores públicos, sino las comunidades en las distintas regiones de la geografía nacional.

Camargo Assis indicó que en reunión con quien fuera Comisionado y Relator para Colombia, Joel Hernández García, le manifestó el rol clave que tiene el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo para Colombia y la región.

Añadió que le reiteró la importancia de que la CIDH respalde el SAT a través del otorgamiento de medidas cautelares para las personas que, según el propio Sistema, están en riesgo extremo en el actual ambiente electoral.

Detalló que hay 26 alcaldes amenazados y despachando afuera de sus municipios.

Ellos son los de Cartagena del Chairá, en el Caquetá; San José del Palmar, Bagadó, Río Iró, Sipí y Lloró, Chocó; Tibú y La Playa de Belén, Norte de Santander; Magüí Payán, Roberto Payán, La Tola y Francisco Pizarro, Nariño; Santa Rosa del Sur, Bolívar; Mercaderes, Cauca; y, Puerto Guzma?n, Putumayo.

Los burgomaestres amenazados son los de San Vicente del Caguán y Solano, Caquetá; Saravena y Tame, Arauca; Norosí, San Pablo, Morales, Montecristo, Cantagallo y Rioviejo, Bolívar y Medio Baudó, Chocó.

De otro lado, un total de tres gobernadores están amenazados. Son los de los departamentos del Tolima, Guaviare y Meta.

A nivel municipal, están amenazados el personero de Norosí, Bolívar; cuatro concejales, uno de San Vicente del Caguán, uno de Cartagena del Chairá y uno de Florencia, en Caquetá; uno de Quibdó, Chocó; y un diputado de la Asamblea Departamental del Caquetá.

“No en vano, de manera preventiva, emitimos la Alerta Temprana 023 del 2023 para advertir los riesgos que pueden incidir en los comicios. Nuestro propósito es que sea mejorada la respuesta institucional, inmediata, con base en las recomendaciones que formulamos en la Alerta”, aseguró Camargo Assis.

Recordó que la Defensoría identificó 113 municipios en riesgo extremo y 286 en riesgo alto, lo cual quiere decir que hay altas probabilidades de la ocurrencia de hechos vulneratorios de los derechos humanos.

Además, indicó que en 392 municipios de 24 departamentos hacen presencia los grupos armados o bandas criminales.

Las autodenominadas autodefensas gaitanistas del clan del golfo son las que hacen mayor presencia en el territorio nacional, pues tienen injerencia en esos 392 municipios de 24 departamentos.

En segundo lugar está el llamado estado mayor central de las Farc, que lo hacen en 234 municipios de 19 departamentos.

En tercer lugar, está el ELN, en 231 municipios de 19 departamentos.

Y en cuarto lugar, la Segunda Marquetalia, que delinque en 65 municipios de 15 departamentos.

El Defensor del Pueblo advirtió que a todos, absolutamente a todos, los que participan en la contienda electoral “se les debe respetar y garantizar la vida”.

Agregó por ello solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares para los servidores públicos y candidatos que están en riesgo por cuenta del accionar de los actores armados.

“De la Comisión esperamos una respuesta satisfactoria porque nuestro objetivo misional es anticiparnos, mitigar y contrarrestar las posibles afectaciones que se puedan presentar en el previo y durante la jornada electoral. La vida y los derechos políticos de los ciudadanos tienen que ser salvaguardados”, puntualizó el Defensor del Pueblo.