Defensoría alerta sobre grave situación por guerra territorial por el narcotráfico del Eln y disidencias de Iván Mordisco e Iván Márquez en municipios de Cauca y Valle
–La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana de Inminencia 031 por las graves afectaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario en las poblaciones de Miranda y Corinto, en Cauca, y Pradera y Florida, en Valle del Cauca, por parte de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco e Iván Márquez y del Eln.
El Defensor Carlos Camargo Assis notificó que emitió la Alerta Temprana de Inminencia 031 de 2023 en estos municipios porque los tres grupos armados ilegales “se disputan el control territorial y social, lo que ha puesto en riesgo a las comunidades”.
El documento detalla las acciones que han puesto en riesgo a la población civil, principalmente por los combates del ELN y la Segunda Marquetalia contra el frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central, organización armada, liderada por ‘Iván Mordisco’, que por años ha mantenido el “control” de la zona.
“A los enfrentamientos y hostigamientos se suma que estos grupos armados adelantan acciones directas contra las comunidades, lo cual se refleja en el ataque indiscriminado contra civiles, atentados, homicidios selectivos y masacres”, aseguró Camargo Assis.
La Alerta establece que la población civil es sometida y obligada a “colaborar” mediante el uso de la violencia, amenazas e intimidaciones, que ejercen las estructuras ilegales contra las comunidades. Como ocurre en otros territorios, realizan reclutamiento de niñas, niños y adolescentes.
Florida, Pradera, Miranda y Corinto forman parte de una subregión entre el sur del Valle del Cauca y el norte del Cauca, zona que funciona como corredor estratégico para los grupos armados, posibilita la conexión entre los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Tolima, con tránsito igualmente hacia Cali y su área metropolitana.
Además del incremento de la violencia, la Defensoría del Pueblo advierte que el riesgo recae contra líderes y defensoras de derechos humanos, comunidades y autoridades indígenas y campesinos, presidentes de Juntas de Acción Comunal, menores de edad y jóvenes, firmantes del Acuerdo de Paz en reincorporación, población estigmatizada socialmente y servidores públicos.
“Teniendo en cuenta el escenario de riesgo advertido en la Alerta y con el fin de mitigar y prevenir el riesgo descrito y salvaguardar los derechos fundamentales de la población civil, realizamos, con nuestro Sistema de Alertas Tempranas, 29 recomendaciones a entidades del Gobierno Nacional y autoridades regionales para que tomen acciones bajo una perspectiva de derechos humanos y del derecho internacional humanitario”, concluyó el Defensor del Pueblo.