Rectores solicitan iniciar en el Congreso discusión de la iniciativa radicada por el Gobierno del Cambio, y agilizar el trámite de reforma de la Ley 30 de 1992, prevista en el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, potencia mundial de la vida’.

“Reconocemos el esfuerzo del Gobierno Nacional al presentar un proyecto de Ley Estatutaria que refuerza el carácter de derecho fundamental de la educación en todos los niveles”, manifestaron en un comunicado los rectores de cuatro importantes universidades públicas del país.

“Pese a la rigurosidad y las exigencias que reclama el trámite de una ley estatutaria, creemos firmemente que es necesaria y oportuna en tanto reconoce principios constitucionales como la diversidad cultural, étnica, lingüística y de saberes en Colombia”, destaca el pronunciamiento de los rectores de la Universidad Nacional de Colombia, Dolly Montoya; la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda; la Universidad Industrial de Santander (UIS), Hernán Porras, y la Universidad del Valle, Édgar Varela.

“El articulado propuesto –plantean los rectores– debe iniciar su discusión en el Congreso de la República; en este escenario, las Universidades y demás actores del Sistema realizaremos más aportes que contribuyan a la garantía de una educación de calidad, con acceso, cobertura, progresividad, universalidad, financiamiento adecuado, enfoque territorial y equidad”.

Estos elementos del proyecto de Ley Estatutaria –radicado por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso de la República– deben articularse con otras iniciativas gubernamentales, como el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, “en donde estamos construyendo importantes insumos desde nuestras comunidades”, indicaron.

“Nuestro propósito como Universidades Públicas –recalcan los rectores– es garantizar el desarrollo y la construcción de la nación desde nuestras funciones misionales de docencia, investigación y extensión. Por esta razón, respaldamos la apuesta del Gobierno Nacional de garantizar el derecho a la educación desde la ampliación de la cobertura, el cierre a las brechas de acceso y el fomento de la calidad y la pertinencia, reconociendo que nuestro sistema educativo es mixto”.

También defendieron “la autonomía universitaria reconocida en la Constitución como un derecho que guarda directa relación con la función social y el carácter misional de las Universidades”.

Recorrer la ruta de la transformación que pretende atravesar nuestro país en su educación exige adecuaciones institucionales y tomar medidas urgentes para la superación del déficit presupuestal que aún hoy mantienen las universidades, aseguran en su pronunciamiento.

“En consecuencia, reiteramos nuestro llamado para agilizar el trámite de la reforma de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, tal como lo manda la Ley 2294 de 2023 que adoptó el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026”, puntualizan los rectores en el comunicado a la opinión pública.

Tema clave del Acuerdo Nacional

“El Acuerdo Nacional que le hemos propuesto al país no es cómo se vuelve el trabajador un esclavo, porque solo iríamos a la barbarie. El Acuerdo Nacional es cómo la producción en Colombia crece a partir del conocimiento. Para eso hay que hacer universidades, no solo privadas, sino universidades para toda la juventud”.

En el acto de reconocimiento público del sindicalismo como colectivo víctima del conflicto armado, el presidente Gustavo Petro Urrego concatenó así tres de las propuestas principales que desarrolla el Gobierno del Cambio: el Acuerdo Nacional y las reformas laboral y educativa.

“El criterio para el crecimiento de la riqueza y de la ganancia no es volver al pueblo trabajador esclavo, sino volverlo inteligente, es volverlo estudiado, es volverlo desarrollado en los conocimientos de hoy para que la productividad pueda crecer, y al crecer la productividad crece la ganancia y crece el salario y el país se vuelve rico”, sostuvo el jefe de Estado.

Datos del proyecto

El 12 de septiembre pasado la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, radicó ante el Congreso de la República el proyecto de Ley Estatutaria de Educación.

Esta iniciativa es el resultado de un arduo trabajo colaborativo con la ciudadanía y de consensos entre gobierno, docentes, organizaciones del sector educativo, sindicatos, constitucionalistas y expertos en derechos humanos.

En 36 artículos distribuidos en 6 capítulos, el proyecto propone avanzar en la universalización progresiva del derecho a la educación desde la primera infancia hasta la educación superior, ampliar el ciclo preescolar de la educación inicial de un grado a tres y articular la educación media con la educación posmedia.

Fortalece la educación integral y prioriza la enseñanza del deporte, las artes, las culturas y los saberes que busquen la reconciliación nacional, el antirracismo, la paz y la acción climática.

Establece una educación con enfoque territorial y equidad social, que cierre las brechas en los territorios para las poblaciones más vulnerables, permitiendo a los habitantes rurales gozar de este derecho y dignificar los conocimientos y las formas de enseñanza de los pueblos afro, indígenas y Rrom.

Propende por el goce efectivo del derecho a personas con discapacidad, privados de la libertad, personas con talentos excepcionales y con trastornos específicos de aprendizaje y en condición de enfermedad.