La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria y suspendió de manera provisional a un Teniente, un Sargento Viceprimero, un Cabo Segundo y ocho soldados profesionales, pertenecientes al Batallón No. 33 “Junín” del Ejército, por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia contra la comunidad de la vereda El Manso, en Tierralta, Córdoba, que fueron ampliamente difundidos en los medios de comunicación.

Con las pruebas recaudadas en el sitio, la comisión especial enviada por la Procuradora Margarita Cabello Blanco, que fue atacada a bala cuando intentaba llegar al lugar en helicóptero, logró establecer puntualmente la identidad de los militares que habrían incurrido en estas graves violaciones del derecho internacional humanitario al amenazar, intimidar y maltratar a la población civil (campesinos e indígenas de la étnica Emberá), de manera física y verbal, incluso en presencia de niños, niñas, adolescentes y una madre con su bebé en brazos, sin identificarse como pertenecientes a la institución y sin utilizar el uniforme reglamentario.

El Ministerio Público solicitó en su decisión nuevas pruebas, como los antecedentes disciplinarios de los implicados, una certificación sobre si el Pelotón del que hacían parte, era un grupo especial que realizaba operaciones encubiertas y la autorización, si existe, para el uso de estratagemas militares de este tipo y la operación de estos efectivos sin portar el uniforme.