–El exdetective del desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Jaime Ernesto Gómez Muñoz, fue condenado a 20 años y 3 meses de prisión por el asesinato del excabecilla del M-19 y entonces candidato presidencial Carlos Pizarro Leongómez, ocurrido el 26 de abril de 1990 a bordo de un avión en vuelo entre Bogotá y Barranquilla.

Gómez Muñoz hacía parte del esquema de seguridad del excandidato presidencial, y la Fiscalía General de la Nación demostró en juicio que el exdetective participó en el asesinato del candidato de la Alianza Democrática M-19.

Una juez penal especializada de Bogotá declaró al exfuncionario Jaime Ernesto Gómez Muñoz responsable de los delitos de homicidio con fines terroristas agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de arma de fuego o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas.

Además de la condena a 20 años y 3 meses de prisión, le impuso una inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas durante 10 años, y le fijó una indemnización en beneficio de las víctimas que asciende a 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La Fiscalía indicó que el grupo de trabajo integrado por dos fiscales, uno de la Seccional Chocó y otro de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, recopiló pruebas suficientes para evidenciar que el hoy condenado hizo parte del entramado ilegal que buscaba atentar en contra del líder político.

Asimismo, se estableció que Gómez Muñoz disparó y le causó la muerte al sicario que había atacado con arma de fuego al candidato presidencial, pese a que el sujeto había dejado en el piso del avión la subametralladora que utilizó para masacrar a Pizarro Leongómez y levantaba sus brazos pidiendo que le respetaran la vida.

De esta manera, subraya la Fiscalía, silenció al autor material del homicidio, quien sería un testigo fundamental para identificar a los determinadores y a otros involucrados en el crimen.

El proceso que termino con la condena del exdetective del DAS se adelanto bajo los parámetros de la Ley 600 de 2000 (anterior Sistema Penal). La condena conocida es de primera instancia y en su contra proceden los recursos legales, señaló la Fiscalía.