Tras varios meses de consenso, el Gobierno del Cambio radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que actualiza la Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras.

Se trata de un proyecto clave para el Gobierno Nacional que pretende armonizar la norma con la creación de nuevas entidades creadas por el Acuerdo de Paz suscrito en 2016 con la antigua guerrilla de las Farc-Ep para profundizar los derechos de las víctimas.

Y, además, porque el universo de víctimas pasó de 4’863.206 desde la promulgación de la Ley 1448 de 2011 a 9’555.446 a agosto de 2023, lo cual demanda nuevas estrategias para garantizar el goce efectivo de derechos de la población desplazada.

En la presentación del proyecto, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró que “este proyecto se ha redactado con la mayor participación posible, es un proceso democrático, que responde a la petición de las víctimas que desde la expedición de la norma pedían ajustes para proteger sus derechos”.

“Después de 13 años esta ley se quedó corta, y requiere ajustarse a la existencia de entidades nuevas como la Jurisdicción Especial para la Paz, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas, la Unidad de Víctimas y otras creadas al amparo del Acuerdo de Paz de 2016”, dijo el ministro Osuna.

“Sabemos que la mejor manera de honrar a las víctimas es que no haya más víctimas, esta ley hay que verla con todo el propósito de la Paz Total del Gobierno del Cambio”, señaló.

Para la redacción del articulado, la Unidad para las Víctimas realizó nueve encuentros macrorregionales en Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, Florencia, Medellín, Mocoa, Villavicencio y Quibdó en los que participaron más de 530 voceros de las Mesas de Participación de Víctimas, organizaciones sociales, sujetos de reparación colectiva, víctimas organizadas y no organizadas, organismos de cooperación internacional, entidades nacionales y territoriales, víctimas en el exterior, integrantes de la Fuerza Pública víctimas del conflicto, los pueblos étnicos, ONG, académicos y expertos.

La Unidad de Víctimas y el Ministerio de Justicia adelantaron 32 eventos en los que participaron más de 1.700 personas y se habilitó un instrumento de recolección de información en el que se recibieron más de 1.400 propuestas.

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Cinco pilares

Por su parte, Patricia Tobón Yagarí, directora de la Unidad para las Víctimas, dijo que la esencia del proyecto de reforma a la Ley de Víctimas se concentra en cinco aspectos básicos: “Que no haya regresividad en los derechos de las víctimas; que articule la política de víctimas con la política de paz; fuentes de financiación para lo cual se propone crear una comisión de alto nivel; mejorar la articulación Estado nacional- territorios, y no regresividad en los derechos de consulta con los pueblos étnicos”.

Laura Sarabia, directora de Prosperidad Social, confió en que “esta ley sea un símbolo de reconciliación en el país”, mientras María Gaitán, directora del Centro Nacional de Memoria Histórica destacó “el esfuerzo del Gobierno del Cambio para que todas las memorias entren a ser visibles: tenemos que reconocernos como víctimas, son millares de dolores acumulados a lo largo de muchas décadas de violencia”.

Alcances del proyecto

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La reforma a la Ley de Víctimas abordar varios aspectos estructurales como el estado de cosas inconstitucional –como han establecido la Corte Constitucional y los organismos de control-, y se centrará en los siguientes aspectos centrales, principalmente:

• Reparación colectiva: el proyecto avanza en la garantía y goce efectivo de los derechos de las víctimas del conflicto bajo los principios de progresividad y no regresividad.
• Nuevos mecanismos de financiación para la reparación de las víctimas a través de la creación de una Comisión de Financiamiento.
• Enfoques diferenciales de reparación integral para todos los grupos de víctimas: según edad, género, orientación sexual, situación de discapacidad, origen étnico, territorial y cultural, etc.
• Articulación de la Ley 1448 de 2011 con el Acuerdo de Paz, en particular con el Sistema Integral de Atención y Reparación Integral a Víctimas, el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
• Fortalecer la Estrategia Integral de Intervención Territorial para articular la oferta pública de políticas nacionales, regionales y locales en materia de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral para víctimas.
• Restitución de tierras: el proyecto acelera el trámite administrativo para contar con la compensación o restitución, y establece mecanismos de seguimiento y monitoreo a las órdenes de restitución de tierras.
• Soluciones duraderas para garantizar los derechos de las víctimas de desplazamiento.
• Restitución de tierras, con un procedimiento que agilice el trámite administrativo para la compensación o restitución de la propiedad.
• Memoria: se busca ampliar las competencias del Centro Nacional de Memoria Histórica para la reconstrucción de memoria histórica, el esclarecimiento de la verdad, y la territorialización en su implementación.
• Nuevas facultades al Fondo de Reparación a las Víctimas frente a los viernes con medida de extinción de dominio para la reparación de las víctimas.

Adicionalmente, se revisa el concepto de víctima desde una concepción más garantista; se amplía el margen de edad de los jóvenes desmovilizados de 18 a 23 años y se reconoce la condición de víctima en el exterior, entre otros ajustes.

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