–En su último informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de junio al 26 de septiembre de 2023, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, reconoce que el primer año de la administración del Presidente Gustavo Petro “brindó la oportunidad de renovar los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz y de emprender acciones decisivas para cumplir esas promesas”.

Igualmente destaca que “el año también ha servido para poner en marcha otras iniciativas igualmente ambiciosas en el marco de la política de paz total del Gobierno”, en alusión concreta a los diálogos con el Eln.

Sin embargo, el Secretario General insta a redoblar los esfuerzos para acelerar los avances en la implementación del Acuerdo de Paz y dice que “cumplir los compromisos del Estado con las víctimas y las comunidades vulnerables y trabajar para aumentar la presencia del Estado en todos los territorios es una profunda responsabilidad y una forma inigualable de demostrar voluntad política y fortalecer la legitimidad del Estado”.

Sobre los esfuerzos para la ampliación de la paz saluda los avances logrados recientemente en las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, “que reflejan la determinación de ambas partes de poner fin a décadas de conflicto”.

“Saludo los avances significativos y sin precedentes logrados recientemente en
las negociaciones entre el Gobierno y el ELN, que reflejan la determinación de ambas partes de poner fin a décadas de conflicto”.

También celebra “la amplia participación de mujeres en ambas delegaciones de paz. El cese al fuego en curso, el trabajo del Comité Nacional de Participación y los recientes acuerdos sobre zonas críticas para acciones humanitarias son un llamado alentador a todos los actores comprometidos con la paz duradera de Colombia para que sigan ayudando a las partes a medida que estas avanzan en la agenda de negociación. Los resultados preliminares hablan del potencial de un desescalamiento sostenido de la violencia, que espero continúe para beneficio de las comunidades afectadas por el conflicto. Para ello, las partes y el
pueblo de Colombia pueden seguir contando con el apoyo decidido de las Naciones
Unidas”, precisa el jefe de la ONU.

El Informe celebra los esfuerzos del Gobierno por acelerar la implementación de la reforma rural integral, y recuerda que la entrega de tierras y el apoyo a la producción a campesinos sin tierra, mujeres y víctimas es fundamental para materializar estos esfuerzos. El informe destaca que, en un hecho positivo, en agosto, el Presidente Petro lanzó el sistema nacional de reforma agraria, un mecanismo clave de coordinación interinstitucional con el objetivo de asegurar una implementación coherente, incluyendo el fomento de la participación de campesinos, mujeres y organizaciones indígenas y afrocolombianas. El Secretario General hace un llamado a todos los actores involucrados en la Reforma Rural Integral a priorizar el diálogo como instrumento principal para fomentar el progreso.

En materia de garantías de seguridad se destaca que la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad aprobó la política pública para el desmantelamiento de grupos armados ilegales y organizaciones criminales y su plan de acción, un instrumento largamente esperado para detener la violencia en las zonas afectadas por el conflicto.

El Secretario General lamenta que la violencia contra exmiembros de las FARC-EP persista. Quince excombatientes fueron asesinados durante este periodo. Desde la firma del Acuerdo Final de Paz, la Misión ha verificado 394 homicidios de excombatientes de las FARC-EP (11 mujeres, 57 afrocolombianos y 39 indígenas). También insta al Gobierno “a tomar todas las medidas necesarias para garantizar su seguridad y protección y pido a las autoridades judiciales que lleven rápidamente a los responsables de estos crímenes ante la justicia”.

Con respecto a la violencia contra comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos el informe menciona que, según OCHA, entre el 27 de junio y el 30 de agosto de 2023, 8.556 personas fueron desplazadas forzadamente y 27.183 personas fueron confinadas, para un total, en lo que va de 2023, de 87.098 personas afectadas; una reducción del 31% en comparación con el mismo período de 2022. A su vez, OACNUDH recibió 52 denuncias de asesinatos de defensores de derechos humanos (4 verificadas, 44 en proceso de verificación y 4 no concluyentes). Esto representa una disminución del 13% en comparación con el período anterior.

El Secretario General exhorta a cesar la violencia en las zonas aún afectadas por el conflicto armado:

“Hago un llamado a todos los grupos armados que están detrás de esta violencia para que pongan fin a sus acciones contra la población civil, para que participen de buena fe en las iniciativas de paz en curso y para que busquen también el desescalamiento de la violencia entre ellos. Esta es la manera de demostrar a los colombianos y las colombianas y al mundo su verdadera voluntad de paz”.

El refuerzo de las medidas de seguridad es especialmente importante a la luz de las próximas elecciones las cuales, dijo, espera “se desarrollen en un entorno de paz, respeto y amplia participación”. Resalta que el partido Comunes avaló a 299 candidaturas (128 mujeres) para las próximas elecciones departamentales y municipales, de las cuales 69 (17 mujeres) son de excombatientes. Además, otros 76 excombatientes (17 mujeres) fueron avalados por un amplio espectro de partidos políticos y coaliciones.

En materia de reincorporación, el informe destaca los esfuerzos de las partes para promover un enfoque más sostenible e integral. Destaca como un hecho positivo que el Consejo Nacional de Reincorporación, CNR, haya aprobado una estrategia para promover el acceso de los excombatientes al empleo, ofreciendo incentivos a las empresas privadas y fomentando el empleo en el sector público; así como que la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, haya asignado aproximadamente un millón de dólares para la implementación de una nueva estrategia de empoderamiento de mujeres excombatientes.

De acuerdo con el informe, el 77,6% de excombatientes participan en proyectos productivos patrocinados por el Estado (el 86% de mujeres excombatientes). Además, hay 218 cooperativas (56 dirigidas por mujeres) que agrupan a unos 7.000 excombatientes. Resalta que 13 de los 24 antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación, ETCR, tienen tierras compradas por el Estado y reitera que sigue siendo fundamental encontrar soluciones para reubicar a los antiguos ETCR en Cauca, Putumayo y Antioquia, que enfrentan amenazas graves a la seguridad.

El informe también reconoce los avances en los casos de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, y señala que la pronta emisión de las primeras sanciones propias será esencial para el proceso de justicia transicional. A tal fin, siguen siendo esenciales esfuerzos adicionales del Gobierno para garantizar las condiciones necesarias para la implementación de las sanciones propias.

Por otro lado, llama la atención sobre que, a pesar del reiterado compromiso del Gobierno de avanzar en las disposiciones étnicas del Acuerdo Final de Paz, la mayoría de los esfuerzos continúan en la etapa de planeación.

Sobre los diálogos con el ELN, resalta que la cuarta ronda de negociaciones se llevó a cabo en un ambiente constructivo y en el marco de la implementación de los acuerdos alcanzados hasta la fecha, incluyendo el cese al fuego en curso. Menciona que el Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV), que está trabajando a nivel nacional, regional y local, presentó su primer informe a las delegaciones en la mesa de diálogos el 3 de septiembre. De acuerdo con el Informe, “las partes han evitado con éxito cualquier enfrentamiento significativo y tanto el alto el fuego como la labor del Mecanismo contribuyen a la desescalada del conflicto, lo que en última instancia beneficia a las comunidades locales”. Sin embargo, el impacto del alto el fuego en la situación humanitaria general se ha visto limitado por la violencia continuada entre otros actores armados que operan en algunas de las mismas zonas.

Además del cese al fuego, el Secretario General resalta el trabajo del Comité Nacional de Participación y los recientes acuerdos relativos a las zonas críticas para las intervenciones humanitarias, como “un llamado alentador a todos los actores comprometidos con la paz duradera de Colombia para que sigan ayudando a las partes a medida que avanzan en la agenda de las negociaciones”. Estos resultados preliminares del proceso hablan del potencial de un desescalamiento sostenido de la violencia, que el Secretario General espera continúe para beneficio de las comunidades afectadas por el conflicto.

El Secretario General también acoge con beneplácito las conversaciones en curso entre el Gobierno y el autodenominado EMC FARC-EP y expresa su confianza en que los recientes pasos hacia el desescalamiento de la violencia y el inicio de negociaciones oficiales, incluyendo un acuerdo de cese al fuego con protecciones para los civiles, se materialicen y conduzcan a beneficios tangibles, como es el deseo de las comunidades en las zonas afectadas por el conflicto.

El Secretario General reitera que el pueblo de Colombia puede seguir contando con el apoyo decidido de las Naciones Unidas.

El informe del Secretario General será presentado por el Representante Especial del Secretario General en Colombia, Carlos Ruiz Massieu, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el 11 de octubre de 2023.