Este miércoles, al conmemorarse el 36° aniversario del asesinato del jurista Jaime Pardo Leal, quien fue candidato presidencial de la Unión Patriótica en las elecciones de 1986, el Gobierno instaló la Comisión para la Constatación de Identidad y Parentesco de las víctimas de este partido político, ordenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por el exterminio de ese partido político durante más de dos décadas.

En un acto en la Casa de Nariño y con la presencia del presidente de la Corte Interamericana, Ricardo C. Pérez Manrique, el Gobierno expresó su compromiso con los derechos humanos y el respeto por las garantías fundamentales de las víctimas de la UP, así como el cumplimiento de la sentencia del alto tribunal de las Américas.

En este acto participaron sobrevivientes y familiares de la UP víctimas del exterminio y las directoras de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, y de la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, María Patricia Tobón; los ministros de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna y de Defensa, Iván Velásquez; el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, Carlos Ramón González, y el secretario jurídico de la Presidencia, Vladimir Fernández.

“Lo que ocurrió con la Unión Patriótica nunca ha debido ocurrir, pero el compromiso de este gobierno es que nunca vuelva a ocurrir y que las víctimas de estos hechos aterradores sean reparadas de la mejor forma posible”, afirmó el ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna.

La directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Martha Lucía Zamora, recalcó que “la instalación de la Comisión constituye un hito en la reparación a las víctimas de la Unión Patriótica en este 11 de octubre, que es su día”.

“Hoy el Estado reafirma su inquebrantable compromiso con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, las cuales contribuyen de manera esencial en la protección de los derechos humanos en nuestro país”, señaló la funcionaria y resaltó “el compromiso el gobierno con las víctimas de la Unión Patriótica”.

Los miembros de la Comisión para la Constatación de Identidad y Parentesco de las Víctimas son Rubén Darío Pinilla Cogollo, designado por la Corte IDH; Alejandro Valencia Villa, por las intervinientes comunes de los representantes, y Ana Teresa Bernal, elegida por el Estado colombiano.

La sentencia

El 27 de junio de 2022, la Corte IDH emitió la Sentencia Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia, en la que se declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación de derechos humanos cometidas en perjuicio de más de 6.000 víctimas integrantes y militantes de la Unión Patriótica, a partir de 1984 y por más de 20 años.

En la sentencia se establecieron varios mecanismos de reparación, entre ellos una compensación económica a 676 víctimas directas (costo $114.888.000.000), 761 parientes de víctimas directas y 5.461 víctimas que no aportaron prueba a la Corte que permitiera corroborar sus nombres completos y documentos de identidad, pero sobre los cuales se encontraron hechos que afectaron sus derechos humanos como integrantes y militantes de la UP.

La Corte consideró que era necesario efectuar una constatación de identidad y/o parentesco de las personas incluidas en las categorías de los 761 parientes de víctimas directas y las 5.461 víctimas que no aportaron pruebas.

El tribunal le ordenó al Estado que se conformara y pusiera en funcionamiento una Comisión para verificar identidad y/o parentesco de las víctimas que pueden recibir la compensación.

Los gastos para su funcionamiento serán dispuestos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y ejecutados por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

La Unión Patriótica

La UP nació como organización política el 28 de mayo de 1985, como resultado de un proceso de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno.

A partir de entonces, sus integrantes, simpatizantes y militantes empezaron a ser víctimas de la violencia sistemática, que se prolongó por más de dos décadas, con desapariciones forzadas, masacres, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos, amenazas, atentados, judicializaciones indebidas, torturas y desplazamientos forzados entre otros actos, que se consideran parte de un plan de exterminio sistemático.

En estos crímenes participaron agentes estatales, y con la tolerancia y aquiescencia de autoridades, lo cual constituyó un crimen de lesa humanidad.