El trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) permitió impactar el patrimonio de varias personas que estarían dedicadas a acopiar y comercializar mercancía de contrabando.

Una fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 9 inmuebles urbanos y 2 establecimientos de comercio ubicados en el centro de Bogotá, avaluados en más de 25.600 millones de pesos.

Entre 2018 y 2022, estas propiedades habrían sido utilizadas para almacenar y distribuir productos que ingresaron de manera ilegal al país, en el entendido de que no tenían la documentación que acreditara el pago de los tributos de ley y su entrada legítima al territorio aduanero nacional.

Este resultado hace parte de la estrategia ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para afectar con contundencia las finanzas de las organizaciones de crimen organizado, la delincuencia y los grupos narcotraficantes.