Presidente de la JEP rechaza ordenes del Gobierno y exige respeto a la autonomía de la justicia transicional
–El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, magistrado Roberto Carlos Vidal, emitió un comunicado en el cual exige al Gobierno Nacional respetar la autonomía de esta justicia transicional.
“La JEP reclama y garantiza el ejercicio autónomo de su labor y en ese sentido no nos resulta en manera alguna admisible recibir órdenes, sugerencias, o indicaciones respecto del rumbo que deban tener las decisiones de la jurisdicción”, precisa el magistrado.
El fuerte pronunciamiento lo hizo el jefe de la JEP como reacción a una carta que la embajadora de Colombia ante la ONU, Leonor Zalabata hizo llegar a la Secretaría General de las Naciones Unidas y en la cual el presidente Gustavo Petro señaló que sería él quien se encargue de que la JEP cumpla con sus labores.
“Propiciaré sin escatimar esfuerzo que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, cumpla su gran cometido: La paz como derecho síntesis. Como Jefe de Estado y en representación del Estado mismo, manifiesto una vez más que haré cumplir el Documento Oficial S/2017/272 del Consejo de Seguridad”, precisó el mandatario en el escrito.
Al respecto, el presidente de la JEP hizo además, las siguientes precisiones en su comunicado:
El Acuerdo Final para la Construcción de una Paz Estable y Duradera creó un órgano judicial, la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP), independiente de todos los poderes públicos. La JEP está encargada de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario cometidas con ocasión del conflicto armado y ocurridas hasta el 1 de diciembre de 2016.
Desde sus inicios, la JEP ha tomado decisiones con absoluta independencia de todos los poderes públicos, únicamente sometida a los mandatos de la Constitución Política y a las normas que rigen el Estado de Derecho.
El hecho de que la JEP haya sido creada en virtud del Acuerdo Final de Paz no les confiere tutoría alguna sobre su gestión a las partes firmantes del mismo. Por lo tanto, al Gobierno y a las extintas Farc-EP no les está permitido emitir órdenes y orientaciones sobre el sentido de las decisiones de la JEP.
Los ciudadanos, las instituciones y las personas sometidas a la JEP tienen distintos mecanismos para controvertir las decisiones de la jurisdicción, tal como lo contemplan las normas que regulan a la Jurisdicción Especial para la Paz y el ordenamiento constitucional colombiano.
Esas opciones siempre han estado abiertas. Esto es muy distinto a que una persona o institución ejerza tutoría sobre las decisiones y el funcionamiento de la Jurisdicción. Respetar el Acuerdo Final de Paz es también respetar la autonomía de la JEP.