En solo 14 meses, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) extendió su espacio de acción a los 32 departamentos del país, en un proceso de descentralización que le ha permitido avanzar con celeridad en la formalización de tierras para los campesinos y campesinas.

“Los problemas de la tierra no están en Bogotá, están en el corregimiento, en la vereda, en el municipio, allá en los territorios; por eso hemos creado esas oficinas para que atiendan de manera directa a los campesinos, campesinas, indígenas, a las comunidades negras sobre los asuntos de la tierra”, dijo el director de la ANT, Gerardo Vega.

Indicó que en agosto del 2022 solo había 9 oficinas de la ANT en el país y una planta de 22 funcionarios y mil contratistas. En la actualidad, la entidad cuenta con 32 oficinas instaladas y con una planta de 5.000 funcionarios trabajando en los territorios, muy cerca de los campesinos.

“No puede ser desde un escritorio en Bogotá, como se resuelven los temas de la reforma agraria. Es con la gente allá, con los funcionarios, pero también con los campesinos y con las comunidades organizadas, que son los interlocutores válidos con la Agencia”, manifestó.

La estrategia trazada le ha permitido a la ANT formalizar 1.300.000 hectáreas y comprar 101.000 hectáreas más para adjudicar.

“En un año llevamos 1.300.000 hectáreas formalizadas, como dice el presidente Gustavo Petro, tituladas. O sea, títulos que hemos entregado a campesinos que llevaban mucho tiempo sobre el predio y lo único que esperaban era tener el documento de propiedad. Y hemos comprado 101.000 hectáreas para adjudicarles a los campesinos que no tenían tierra”, explicó.

El director de la ANT sostuvo que la entidad cuenta con un presupuesto de un billón 50.000 millones de pesos, de los cuales el 80% son destinados a la compra de tierras y el resto para gastos de funcionamiento.

Vega destacó que es muy importante que haya oficinas descentralizadas para que los expertos de la Agencia “tengan ese contacto directo con las personas que están necesitadas de utilizar sus propiedades”.

Agregó que “son ellos los que conocen las particularidades de qué se cultiva, qué no se cultiva, qué dificultades de orden público hay, quiénes viven allí, cuáles son las cadenas de comercialización y de producción”.

Este conocimiento del territorio le permite a los directores regionales contar con las facultades para decidir a quién le entregan la tierra y expedir las respectivas resoluciones.

“La descentralización es fundamental para resolver los conflictos de la tierra en el territorio, en el municipio, en la vereda, en el departamento”, concluyó.