La Procuraduría General de la Nación, como parte de la vigilancia preventiva al proceso de escrutinio, destacó que hay algunos hechos de orden público que se han presentado en el país, luego de la jornada electoral del domingo, a los que autoridades deben prestarle toda la atención.
El Ministerio Público resaltó que, de acuerdo a los reportes de los funcionarios en territorio, en Aipe, Huila, se presentó la presencia de encapuchados, por lo que se solicitó el traslado de la comisión escrutadora. También hay casos como los de Manaure y Fonseca, en La Guajira; La Cruz en Nariño y Gachantivá en Boyacá, lugares en donde asonadas han afectado el proceso poselectoral de escrutinio.
De acuerdo al organismo de control hay alto riesgo por tensión, aglomeraciones y fricciones en la etapa del escrutinio en las ciudades de Santa Marta y Arauca; además, en municipios como Morroa, Corozal, La unión y San Onofre, Sucre; La Estrella, Sonsón, Hispania, Sabanalarga, Murindó, en Antioquia; Tota, Monguí, Duitama, La Victoria, San Luis Gaceno y Chivor, en Boyacá; Facatativá, Flandes, Ubaté y Junín en Cundinamarca y Villa Rica, Balboa, Almaguer y Argelia, en Cauca.
Mantener alertas ante denuncias en los escrutinios
La Procuraduría reiteró el llamado para que las expresiones ciudadanas que provengan del legítimo derecho de control postelectoral, se hagan de manera pacífica, especialmente, en los puntos de escrutinio que aún están activos.
Además, pidió a toda la institucionalidad mantener activas sus capacidades para atender denuncias sobre los resultados de la contienda y a los PMU, desde las gobernaciones, actuar con toda su capacidad como instancia articuladora para la atención de las alertas.
La Procuraduría recordó a los líderes de los partidos políticos que, es su deber orientar de manera acertada, los procedimientos de los escrutinios, para así evitar hechos que afecten la tranquilidad y la democracia.
Finalmente, reiteró a la Fuerza Pública y los entes encargados de la custodia del material electoral, para que revisen y mantengan los dispositivos de control y prevención, para dar un parte tranquilidad al país.
“La Procuraduría sigue vigilante con toda su capacidad desplegada en los territorios, para evitar que las manifestaciones públicas vulneren los derechos ciudadanos”, concluyó.