Claudia López, Alcaldesa Mayor de Bogotá, informo que el Distrito presentara una acción de tutela, al tribunal Administrativo de Cundinamarca, como respuesta a la medida cautelarla emitida por el juez 35 Administrativo del Circuito.

Según la alcaldesa, los tres proponentes que se presentaron al proyecto también realizaran la radicación de acciones de tutela, al considerar la vulneración de su derecho al debido proceso, además de que cada rama del poder público posee una función especial y no es responsabilidad de la Rama Judicial, el decir sobre los diseños de ingeniería de un proyecto.

 «Creemos que el señor juez de la República desestimó argumentos y desconoció jurisprudencia sobre la materia. Creemos que no solamente a la Alcaldía Mayor y a los bogotanos, sino a los tres proponentes, empresas privadas de alto nivel de nuestro país, también le desconoció sus derechos al debido proceso al tomar esa decisión», menciono.

Después de esto, William Medina, secretario Jurídico del Distrito, manifestó que la suspensión de la licitación está generando un perjuicio irremediable, el cual se ve reflejado en la perdida de más de 82 millones que se han invertido en las últimas alcaldías para el soporte de estudios y diseños del proyecto, motivo por el cual se espera tener una pronta respuesta a la tutela en un periodo máximo de 15 días hábiles.

«La decisión judicial no tuvo en cuenta las pruebas que demuestran las radicales diferencias técnicas entre el proyecto de una troncal de Transmilenio pesada propuesto por la administración anterior y el proyecto del Corredor Verde de esta administración. Nuestro proyecto garantiza movilidad sostenible, amplio espacio para peatones, zonas verdes y un carril exclusivo para buses eléctricos no contaminantes», aseguro.

López mencionó que no se le dio la oportunidad a la Alcaldesa de adelantar una audiencia pública en la que se pudiera dar una explicación sobre las dimensiones técnicas del proyecto del Corredor Verde de la Carrera Séptima.